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El indicador de pobreza en la Argentina llegó en el primer trimestre del año al 55,5% de la población y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en el mismo período, de acuerdo al estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).
Según ese mismo sondeo casi 25 millones de personas (24,9 millones, residentes en áreas urbanas del país) habrían estado en situación de pobreza por debajo de la canasta básica total (CBT).
Estos aumentos se atribuyen en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad.
El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA). En el tercer trimestre de 2023 el indicador de pobreza era del 44,7%.
“La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA).
En el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población en el contexto de la Emergencia Alimentaria Nacional, prorrogada hasta diciembre de 2025, para junio la administración libertaria dispuso un aumento del 9,37%. Así una familia con un hijo/a percibirá $48.125 por mes; una con dos hijos/as: $75.468 y una con tres hijos/as o más, $99.531.
Otra de las preocupaciones que se reflejan es la venta y el tráfico de drogas en las capas más vulnerables de la población de nuestro país.
Según la UCA “se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga pasó del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023.
En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención”.
