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La Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la inhibición general de los bienes de la Compañía de Seguros de Jujuy Sociedad del Estado por la falta de presentación de estados contables que corresponden al período cerrado el 30 de junio de este año.
La empresa del Estado jujeño, que fue creada durante la gestión de Gerardo Morales, tiene un plazo de cinco días para recurrir tal normativa, a partir de la notificación que fue hecha el 26 de agosto.
Una resolución, la Nº407/2024, publicada en el Boletín Oficial nacional, argumenta que la falta de presentación de los estados contables conlleva tal gravedad a las determinación y conocimiento de la solvencia patrimonial de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que la Ley Nº20.091, en el artículo 86, inciso d, faculta a esta Superintendencia de Seguros de la Nación a disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad aseguradora de realizar, respecto a sus inversiones, cualquier acto de disposición o los de administración que específicamente indique, por lo que se prohibió a la aseguradora provincial a “realizar actos de disposición, respecto a sus inversiones”.
aviso_312849Ante el escándalo que se desató por la inhibición que pesa en la Compañía de Seguros de Jujuy, la abogada acusó al organismo estatal de defraudación y exigió que los sindicalistas y las autoridades judiciales actúen de inmediato.
La letrada destacó que la situación es grave, ya que la Compañía de Seguros de Jujuy, creada por ley y obligatoria para los tres poderes del Estado y entes descentralizados, no ha cumplido con la presentación trimestral de sus estados contables, una obligación fundamental según la normativa nacional.
«Lo que la Superintendencia ha dejado en claro es que existe una falta de solvencia preocupante dentro de la empresa, que ni siquiera ha podido presentar un balance o rendición de cuentas a tiempo», expresó Cejas.
Además, Cejas advirtió sobre la creación de empresas financieras estatales que, en su opinión, operan de manera irregular, perjudicando a los usuarios y a los empleados que están obligados a contribuir. Según la abogada, «no se trata solo de una falta administrativa, sino de una potencial estafa que afecta a miles de personas.»
“Es fundamental que se realicen las denuncias correspondientes y que jueces y fiscales asuman un rol activo en la investigación de este caso», concluyó Cejas.
