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La comunidad Tusca Pacha de Los Alisos, Palpalá, pidió que se constituya una mesa de diálogo para buscar un acuerdo en el marco del conflicto planteado por el avance de la empresa Sucre, que se arroga la propiedad de la tierra que ocupa la familia Maraz, donde máquinas topadoras custodiadas por la policía arrasaron con sembradíos y parte de la vivienda familiar. En tanto, este miércoles volvió la policía al lugar.
El pedido plantea la necesidad de «resguardar los bienes y la integridad de las personas afectadas, principalmente de doña Lilia, mujer sola de 74 años que está sufriendo por las situaciones vividas». Para iniciar el diálogo, convocan a representantes de la empresa Sucre y al procurador Sergio Lello, jefe de los fiscales, y proponen que organismos de derechos humanos actúen como mediadores.
«La situación es delicada», describió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Anastasia García, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), y contó que la señora Lilia Maraz está con asistencia médica y psicológica por las situaciones de violencia que viene padeciendo por el hostigamiento de representantes de la empresa Sucre.
García repasó los hechos de los últimos días: «El 14 de agosto destruyeron la producción de maíz, el jueves pasado avanzaron sobre la zona donde se riega la producción, la huerta cercana a la casa, las mangueras, la cisterna donde cosecha el agua de lluvia. Ese día también destruyeron bloques y chapas y un invernadero construido por la comunidad hace dos meses. Y llegaron a romper la mitad de la pirca de la cocina y el horno de barro. Estaban llegando al fueguero cuando la comunidad los frenó poniéndose dentro de la máquina».
Por los daños provocados en el marco del violento intento de desalojo del 14 de agosto, se radicó denuncia en la Comisaría 51 de Palpalá. Dos días después, la empresa Sucre denunció a la familia Maraz por «usurpación».
«Ese mismo día la fiscalía interviniente, a cargo del Sr. Fiscal Emilio Gurrieri, se hizo presente en la comunidad y solicitó el reintegro voluntario del inmueble en 24 hs, bajo el apercibimiento de imputar por usurpación y desalojar -detalla la comunidad Tusca Pacha en un documento difundido en las últimas horas-. Al día siguiente, la Sra. Maraz presentó toda la documentación que acredita su posesión tradicional y comunitaria. Posteriormente, el ayudante fiscal Dr. Ariel Chauque informó a la comunidad que la Fiscalía ya no actuaría y que se había determinado el archivo de la denuncia por usurpación».
Pese a ese compromiso del ayudante fiscal, el 29 de agosto hubo otro intento de desalojo por parte de la Empresa, en medio de un fuerte operativo policial, sin orden judicial. Ese día las máquinas volvieron a tirar el alambrado que había reconstruido la comunidad y terminaron de destruir la producción de maíz, habas, maní, rúcula, rabanito y remolacha, entro otros cultivos.
«Lo más grave es la complicidad institucional de la policía, que sin ningún empacho miraba cómo se destrozaba la propiedad de la familia. Dijeron que estaban para resguardar la integridad de la empresa para que no hubiera ningún conflicto, y la única propiedad que defendieron fue la de la empresa, porque la propiedad privada de los pobres se destruía sin que nadie hiciera nada», relató García.
Esa acción motivó la presentación de otra denuncia, esta vez en la Brigada de Investigaciones de Palpalá. Y la comunidad está haciendo otra denuncia por abuso institucional, contra la propia policía, porque no se mostró ninguna orden de desalojo. De hecho, le consultaron al secretario del procurador Lello, quien les aseguró que «no tenía ninguna información de que hubiera un permiso para que la policía estuviera ahí», reveló la dirigente campesina.
Este miércoles por la mañana, volvió la policía al terreno de Lilia Maraz.
«La comunidad tiene la posesión de la tierra y la empresa dice que tiene un título de propiedad. Este es un conflicto que debería resolverse en la justicia civil, no con la policía, con fiscales y jueces penales -repasó García-. La empresa Sucre, que está vinculada al gobierno de la provincia, hace uso de la justicia penal para avanzar sobre la propiedad de la comunidad. Eso es abuso de poder».
Ahora la comunidad pide que se conforme una mesa de negociación, con la mediación de organismos de derechos humanos. «Doña Lilia no puede seguir así -afirmó García-. No puede dormir, escucha ruidos y se imagina a la máquina entrando en su cocina. Es terrible lo que está sufriendo».
La comunidad reclama además que se aplique el «Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las Comunidades Aborígenes», aprobado en 2021 por resolución del entonces Ministerio Público de la Acusación.
Desalojo ilegal en Tusca Pacha: Máquinas topadoras destruyeron la vivienda de los Maraz
