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La Fiscalía Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, solicitó la detención y que se le tome declaración indagatoria a diez exmilitares acusados de haber torturado a tres soldados conscriptos durante la Guerra de las Malvinas. La medida fue pedida en el marco de la causa que investiga como crímenes de lesa humanidad los delitos sufridos por soldados en las islas.
Los acusados son Diego Soria; Ricardo Cordon; Clemente Pecora; Jorge Echeverria; Jorge Chaud; Carlos López Paterson; Jorge Farinella; Alejandro Moughty; Orlando González y Rafael Barrientos, quienes ocuparon cargos jerárquicos en la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, Corrientes.
Los denunciantes son los conscriptos Lorenzo Justo Ledesma, Juan Carlos Galloso y Horacio Raúl Bernal, quienes hacían el servicio militar obligatorio en 1982 en el Regimiento de Infantería 4 y fueron convocados a la Guerra.
Ledesma y Galloso contaron que pasaron hambre y que llegaron a comer los restos que dejaban los oficiales. Denunciaron que “fueron atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados durante una noche”, como castigo por haberse quedado dormidos durante una guardia, según refirió el requerimiento del fiscal Marcelo Rapoport.
Bernal, por su parte, relató que sufría constantes malos tratos y discriminación por su condición de indígena y que “a fines de mayo fue castigado sin razón aparente y fue estaqueado, lo ataron de pies y manos sobre una roca, con la ropa puesta pero desabrochada la chaqueta”. Contó que fueron unas cinco horas durante las que nevó y lloviznó. “Cuando lo desataron, regresó a su carpa sin poder apenas moverse por el frío”, indicó el fiscal.
Los tres fueron capturados por los ingleses y trasladados al continente. Fueron llevados a Campo de Mayo, donde estuvieron 4 o 5 días, les dieron comida y ropa nueva y los hicieron firmar unos papeles para no hablar sobre lo ocurrido en las Islas.
Para el fiscal, los hechos “no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores”. “Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de “controlar” los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo, asimismo, la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”, aseguró.
“Desde la cúpula de las estructuras militares asentadas en las islas se implementó un método ilegal orientado a contener a la tropa ante los abrumadores problemas de planeamiento en la recuperación de las islas, que consistió en infligir torturas y otros tratos inhumanos a los soldados conscriptos que, ante el hambre que generaba la falta de comida —exacerbada por la carencia de abrigo que permitiera paliar el intenso frío—, decidieran procurarse alimentos por sí mismos, ya sea robando alimentos de los almacenes, cazando animales, etcétera”, sostuvo.
Y agregó: “Ello demuestra que cada uno de los hechos delictivos que integran esta presentación no sólo contó con ejecutores directos, sino también con personas que ordenaron la comisión de esos crímenes y generaron las condiciones para su ocurrencia”.
La causa judicial se inició en 2006, con la denuncia de soldados que fueron estaqueados y torturados en la guerra. Los primeros procesamientos se produjeron en 2020 contra Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino por tormentos y amenazas y la justicia federal caracterizó los hechos de la causa como crímenes de lesa humanidad.
El expediente no avanza desde 2021, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló tres procesamientos por considerar que no encuadran en la categoría de lesa humanidad. El fallo fue recurrido ante la Corte Suprema, que aún no resolvió.
