El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
En la provincia de Entre Ríos se aprobaron con modificaciones las enmiendas a la ley de buenas prácticas en fitosanitarios o aplicación de agroquímicos. La ley ahora regresa a la Cámara de Diputados para su revisión final.
La ley 26.117 de aplicación de agroquímicos, fue aprobada por una mayoría de 15 votos a favor y 2 en contra. Esta legislación tiene como objetivo garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, proteger y conservar la salud, asegurar un ambiente sano y equilibrado, y promover una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.
El proyecto, originalmente propuesto por el Poder Ejecutivo en 2022, fue retomado por la actual legislatura y recibió media sanción en octubre de este año.
Críticas
Organizaciones ambientales hicieron conocer su oposición a las modificaciones, ya que sólo promete el desarrollo económico, y que poco tiene en consideración con los problemas sociales, sanitarios y ambientales, ya que que no forman parte de ninguna ecuación económica, explicó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
La ley de Buenas Prácticas Agrícolas acorta las distancias de aplicación de agrotóxicos en cercanías de casas, escuelas y ríos. “Los más perjudicados somos los maestros y los alumnos de escuelas rurales”, explicó Estela Lemes, directora de una escuela afectada por las fumigaciones.
Durante 23 años, Lemes fue directora de la Escuela Rural N° 66, de Costa Uruguay Sur, en Gualeguaychú. Allí las fumigaciones son un problema frecuente, por lo menos, desde el año 2009. En 2012, la docente recientemente jubilada debió someterse a los estudios médicos que, finalmente, confirmaron que en su sangre tiene Clorpirifos etil (insecticida) y Glifosato (herbicida). Actualmente, Lemes posee una neuropatía aguda, que afecta su vida diaria, tanto en lo neuronal como en lo muscular.
La norma establece una distancia mínima a las escuelas rurales de 500 metros para la fumigación aérea (150 metros menos que lo que dicta el Decreto 2239/19); de 200 metros para las viviendas, rurales o urbanas, habitadas de manera estable, y de 100 metros respecto a los cursos de agua permanentes, áreas naturales protegidas, granjas avícolas y apiarios. La distancia se reduce si las aplicaciones son con “mosquitos”. De las escuelas, a 150 metros; de las viviendas, 100 metros; de los cursos de agua, 50 metros.
También reglamenta la aplicación de agrotóxicos con drones, que deben cumplir las mismas distancias que quienes fumigan con mochila: 15 metros de escuelas rurales, 10 de viviendas y sólo a 5 de los ríos.
La normativa vigente hasta ahora no permitía el acercamiento de mochilas pulverizadoras a menos de 250 metros de las escuelas y a 100 metros de cursos de agua permanentes.
“Tanto el RIGI como la Ley de Buenas Prácticas Agrícolas en Entre Ríos comparten una visión centrada en facilitar la inversión y el crecimiento económico a expensas de impactos sociales y ambientales. Ambos proyectos se enfocan en favorecer sectores económicos (la minería y el agronegocio, respectivamente) con políticas de desregulación y privilegios”, expresó Emilio Vitale, en representación de la coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”.
