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Seis funcionarios provinciales fueron imputados formalmente del delito de defraudación a la administración pública, en la causa penal federal iniciada por la fallida construcción de una escuela secundaria en Caspalá, para la cual el estado nacional envió 43 millones cuyo destino se desconoce. La intención del entonces gobernador Gerardo Morales era construir la escuela en un sector comunitario, y en las obras se destruyó un antigal en una propiedad privada que había sido expropiada de manera ilegal.
Se trata de funcionarios actuales y también exfuncionarios de la gestión de Morales, ahora imputados por el delito de defraudación a la administración pública:
- María Teresa Bovi, exministra de Educación
- José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa
- María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación
- María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación
- Diego Ignacio Montenovi, funcionario de la Fiscalía de Estado
- Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá
En este proceso judicial interviene la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschuk y la fiscal federal Lucía Romina Orsetti.
Mientras se desarrollaba la audiencia de este lunes, pobladores de Caspalá se congregaron en la plaza Belgrano, frente a la Casa de gobierno, en reclamo de justicia para la comunidad.
Los hechos que dieron origen a la denuncia de la comunidad ocurrieron en noviembre de 2022, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales pretendió construir una escuela en el lugar donde hay un espacio comunitario. Luego la Legislatura aprobó la expropiación de un terreno perteneciente a la familia Cruz, el gobierno inició tareas de nivelación y en ese proceso se destruyó un antigal. La resistencia de la comunidad se encontró con una represión feroz que incluyó la virtual ocupación del pueblo por parte de las fuerzas de seguridad.
‘Fraude y corrupción’
«Ya están imputados todos los sindicados y ahora la investigación penal preparatoria tiene ahora 45 días de plazo. Estamos hablando de fraude y corrupción, más allá del daño al patrimonio ancestral. Como querellas, vamos a pedir la ampliación y para eso tenemos muchas pruebas para aportar», explicó la abogada Alejandra Cejas, quien junto a su colega Silvana Llanes representa a la comunidad de Caspalá.
Cejas detalló que a partir de este momento van a tener acceso a la totalidad del legajo y que van a cotejarlo con las pruebas que ya tienen. «Vamos a agregar y ampliar. Y también hay sujetos que no están incorporados en el proceso», reveló.
El plazo para la investigación vence el 25 de abril. Las abogadas de la comunidad, además de ratificar la denuncia que hace dos años dio origen a este expediente, van a pedir la elevación a juicio.
Además de la notificación formal de las imputaciones, en la audiencia «se pidió que los sindicados informen al juzgado su situación laboral», señaló Cejas, y añadió: «Hoy se acepta como caución que presten juramento de que no van a evadir el proceso, entonces la jueza pidió que los patrones de ellos, que es el Poder Ejecutivo, informe sobre cualquier modificación para que no haya riesgo procesal».
Por otro lado, la jueza no hizo lugar al pedido que presentaron Montenovi y Martínez Fascio para irse de vacaciones en enero a Punta Cana y a Cancún, respectivamente. Sobre este punto, Cejas comentó que desde las querellas le expresaron a la magistrada «nuestra amplia preocupación».
La imputación es por el delito de defraudación a la administración pública. «Ese es el meollo de la cuestión, la corrupción», definió Cejas. Y agregó: «Se pidieron fondos para construir una escuela y no se hizo absolutamente nada. Y en cambio se dañó y se destruyó. Ese es el hecho más relevante, la corrupción».
En este sentido, remarcó que «estamos hablando de fondos públicos, y todos trabajan en la administración pública». Y señaló que cuando se inicie el debate oral se escucharán las explicaciones sobre qué pasó con esos fondos.
Hostigamiento a las abogadas
La abogada Silvana Llanes se refirió a la persecución y el hostigamiento del que vienen siendo objeto ella y su par Cejas.
«Desde junio del año pasado aparecen camionetas sin patente preguntando a los vecinos el horario en que entramos, que salimos, manifestando ser supuestos clientes de alguna de nosotras. Y los mismos vecinos preguntaban cómo puede ser que sean clientes y no tengan el teléfono», relató.
‘Un daño enorme’
En noviembre pasado, la jueza Gregoraschuk homologó el acuerdo que firmaron representantes del Ministerio Público Fiscal Federal y la Fiscalía de Estado por el cual el Estado provincial tiene 30 días hábiles para reparar los daños que causó en Caspalá en enero de 2023 a la cancha comunitaria y a la finca propiedad de la familia Cruz Moyoja.
Es en el marco de la causa iniciada luego de que la comunidad denunció al entonces gobernador Gerado Morales por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita.
«Sobre la restauración todavía no recibimos ninguna información», señaló Llanes, y remarcó que al momento de la homologación del convenio «quedó firme que la querella va a participar de la restauración». En este sentido, aseguró que el daño fue «enorme» y advirtió: «Vamos a estar atentos a las actividades que se hagan».
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