Se realizó la inspección ocular en Purmamarca por la represión de junio de 2023

En el cruce de las rutas 9 y 52, en el acceso a Purmamarca, se realizó este viernes una inspección ocular en el marco de la investigación de la represión contra comunidades originarias y otros manifestantes que en junio de 2023 protestaban por la reforma inconsulta de la Constitución provincial.

Con el uso de un dron, la inspección estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbelo, en representación el Ministerio Público de la Acusación, con la participación de personal del Departamento Criminalística de la provincia. El trámite se llevó adelante durante varias horas, dificultado por los cortes de la ruta 9 provocados por las fuertes lluvias registradas en la noche del jueves.

Alejandra Cejas, abogada de las víctimas junto a su par Silvana Llanes, dialogó con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) desde el lugar donde se desarrolló la inspección. «Las víctimas empiezan a señalar los lugares donde aquel día la policía comenzó a disparar», describió.

Entre otras de las personas que resultaron heridas por la acción de las fuerzas de seguridad, estuvo presente Lian Mijael Lamas, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo, y Marcelo Flores, quien recibió casi 30 impactos en su cuerpo. También, testigos que estuvieron ese día «que vinieron a aportar a los efectos de hacer una reconstrucción colaborativa y relatar los hechos conforme ocurrieron ese día, más allá de todas las pruebas aportadas», precisó Cejas.

Sobre el rol de las víctimas en el procedimiento, la abogada explicó que «tienen que informar puntualmente dónde fueron los hechos y los puntos claves del conflicto que se vivió ese día, que fue además complejo, confuso, por la cantidad de detenidos y de efectivos policiales que participaban».

La pericia que se realizó este viernes había sido suspendida en tres oportunidades. «Ya no se podía seguir esperando que estén las condiciones para hacerlo», indicó Cejas, y comentó: «Llevamos casi un año y medio esperando que esta causa finalmente tenga imputados y avance».

Las querellas pretenden que se avance con la investigación para que finalmente se impute a los funcionarios responsables del inicio de aquella represión. «Hasta ahora tenemos un solo imputado, que es Diego Suárez», precisó la abogada. Al momento de los hechos que se investigan, Suárez era funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hoy ocupa un cargo en la cartera de Producción.

Cejas aclaró: «Entendemos que Suárez no es el único responsable, hay una cadena de mando. Además, él no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que realizó la policía ese día en este corte».

«Yo festejo personalmente que la justicia de Jujuy empiece a tratar de entender o por lo menos a mostrar que tiene interés», reconoció Cejas, pero aclaró: «Lástima que es a un año y medio de los hechos, porque las víctimas, los testigos, mantienen los recuerdos unos meses. Pasado ese tiempo, los recuerdos se hacen más difusos».

De todos modos, las abogadas confían en las pruebas que aportaron sobre todo una gran cantidad de videos registrados en el momento de los hechos. «Nosotros como querellas aportamos todas las pruebas, toda la colaboración para que el fiscal haga lo que tiene que hacer», señaló.

Doce causas judiciales

Por los hechos represivos en torno a las numerosas protestas contra la reforma constitucional que se produjeron en toda la provincia en 2023, hay ya 12 causas iniciadas. «Durante junio y julio de ese año se dieron distintos hechos y distintas causas y distintas víctimas. Esta causa se inició con un pedido para que intervenga la justicia federal, que se declaró incompetente y derivó el expediente a la justicia provincial», repasó la abogada.

Cejas explicó que no es posible unificar esas 12 causas. Por ejemplo, hay una investigación centrada en la represión de la manifestación en la Legislatura del 20 de junio de 2023, cuando se aprobó el nuevo texto constitucional. Los denunciados, en este caso, son manifestantes. «Esa causa está avanzando en relación a lo que dice el gobierno, que están imputados porque habrían generado los disturbios. Pero no quieren avanzar sobre sobre los daños que provocó el gobierno», indicó.

«Nosotras estamos intentando que se habilite esa causa porque allí tenemos varios querellantes que son damnificados, víctimas de lo que ha sucedido», agregó.

En otra de las causas vinculadas con aquellas jornadas están denunciados dirigentes de comunidades que llevaban adelante una protesta en la ruta a la altura de Abra Pampa, por la muerte de una mujer que estaba de paseo en la provincia y se descompensó a bordo de un micro.

Está también la causa por la represión frente a la municipalidad de Humahuaca, donde este jueves también se realizó una inspección ocular.