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El Senado brasileño tendrá en sus manos decidir la continuidad o no del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff; luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la medida con 367 sufragios a favor.
Según la Agencia Brasil, se espera que este martes los líderes de los partidos políticos con representación en el Senado deberán indicar los 42 delegados que integrarán la comisión para abordar el tema.
Posteriormente el Senado Brasileño dispondrá de un plazo de 48 horas para elegir a su presidente y a su relator, procedimiento para el cual se tiene previsto 25 de abril.
A partir de entonces, la comisión tendrá 10 días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del procedimiento, el cual será votado y analizado en plenaria del Senado. Para el cese o aprobación de su continuidad se requerirá solo la mayoría simple.
De ser aprobado el juicio político en el Senado y concretarse la separación de Rousseff de la Presidencia por 180 días, asumiría el cargo el vicepresidente Michel Temer, cuyo partido rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de juicio.
Ante la situación de la mandataria brasileña, el abogado general del estado, José Eduardo Cardozo, anticipó que la situación procesual ante el Senado de Brasil tendrá otra realidad a la vista dentro de la Cámara de Diputados.
Cardozo argumentó que allí solo podrán juzgarse los dos aspectos contenidos en la denuncia y además deberán respetarse todos los pasos del proceso, como lo dispuso el Supremo Tribunal Federal.
El abogado de Rousseff condenó a la Cámara de Diputados al permitir solo una discusión de naturaleza del pedido de juicio político; mientras las denuncias (que calificó de improcedentes) nunca fueron discutidas en profundidad.
Cardozo señaló: «Quien es favorable a la democracia no puede ser favorable a lo que ocurrió hoy. Si alguien cree que ella se doblará frente a lo que pasó hoy se equivoca, pues ella luchará así como luchó contra la dictadura para evitar que haya otro golpe de Estado».
Reiteró que «no hay un argumento que ponga en tela de juicio la honestidad de la presidenta».
En contexto
El pueblo brasileño se ha activado en diversas movilizaciones en «defensa de la democracia», no solo en apoyo a la actual mandataria, sino al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también se enfrenta a la posibilidad de un juicio político por supuestos casos de corrupción.
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.
