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La Cámara Federal de Casación Penal revisará la detención domiciliaria de Cristina Fernandez de Kirchner, el uso de la tobillera electrónica y el régimen de visitas.
Esos tres puntos fueron apelados tanto por la Fiscalía como por la defensa de la ex mandataria y comenzarán a revisarse este lunes con una audiencia clave en Casación. Será el segundo tribunal que intervenga en la detención de Cristina Kirchner y la expectativa está centrada en si habrá modificaciones en su actual situación.
La audiencia es este lunes a las 12 en el primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Allí estarán los abogados de la expresidenta, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y el fiscal general de Casación Mario Villar.
Interviene la Sala IV de Casación integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Son los mismos que en noviembre del año pasado confirmaron la condena de seis de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en las obras públicas que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez. El fallo tuvo la disidencia de Hornos, que votó por agravar la condena por el delito de asociación ilícita.
Los tres magistrados son además muy cercanos a Mauricio Macri. Hornos lo visitó en la Casa Rosada seis veces; Borinsky jugó al paddle en Olivos en trece ocasiones y Barroetaveña encabezó las listas más allegadas al macrismo para el Consejo de la Magistratura.
El Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso otorgó la prisión domiciliaria por la edad de la expresidenta, 72 años, y porque el intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022 hacía necesario atender su seguridad. Su detención en una cárcel implicaba medidas especiales que la llevaban a tener que estar en un aislamiento indefinido, lo que no es propio de un régimen de ejecución de una condena.
La prisión domiciliaria en el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, se dispuso con condiciones. Una fue el uso de una tobillera electrónica que controle que no salga del departamento. Otra la de “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“. Y se le fijó un régimen de visitas.
Solo puede recibir a sus familiares, médicos, custodios y abogados sin autorización. Para eso presentó un listado con los nombres. Pero toda otra persona debe pedirle autorización a la justicia. Eso ocurrió el jueves pasado con la visita del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva.
Los dos temas apelados por la defensa de Cristina Kirchner son el uso de la tobillera electrónica y el de las visitas.
Sus abogados explicaron que la expresidenta siempre estuvo a derecho, que cuando viajó al exterior regresó en el tiempo que había pedido y lo informó al tribunal, que es una persona pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que tiene custodia de la Policía Federal.
También aportaron un informe de especialistas internacionales que concluyeron que no se le debe poner una tobillera electrónica a la expresidenta. La defensa pidió que cuando Casación trate el tema cite a la audiencia a por lo menos dos de esos expertos.
En su apelación, los abogados señalaron que “tiene un fuerte contenido simbólico” que “se convierte en un castigo adicional”. “La indebida imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico hace que éste deje de ser una herramienta de control, para transformarse en un elemento de punición”, señalaron en su apelación.
El último tema es el régimen de visitas. La defensa objetó que se hayan puesto límites porque no hay ninguna norma que obligue al Tribunal Oral a fijar esa pauta y que en la práctica ninguna persona que está detenida en su casa tiene esos límites. Además, los abogados consideraron que los jueces no fundamentaron por qué establecieron ese límite.
