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Este miércoles por la tarde se llevará adelante la mesa de trabajo para regularizar la situación de las comunidades originarias. Se espera que sea el comienzo del fin de una larga pelea que incluyó una denuncia en la justicia federal contra funcionarios provinciales por no cumplir con la entrega de personerías jurídicas, el relevamiento territorial y el otorgamiento de los títulos comunitarios correspondientes. La falta de esa documentación es la que habilita que se avance con desalojos de comunidades de los territorios que habitan, la mayoría de las veces en medio de operativos violentos que incluyeron detenciones y procesamientos.
La abogada Silvana Llanes, que junto a sus colegas Alejandra Cejas y Mariana Vargas representan a comunidades, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la Secretaría de Pueblos Indígenas «debería haber solucionado este problema teniendo a mano la ley 26160, que ya se derogó, pero lejos de cumplir con los deberes de funcionario público, no asesora, no brinda información, no acompaña nunca a las comunidades para que adquieran su personería jurídica».
«El problema es que la mayoría de las comunidades ya deberían estar registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Para eso se hizo la ley, para regularizar la situación de los territorios comunitarios y así evitar estos desalojos ilegítimos», agregó, en referencia a los avances en Cueva del Inca, en Finca El Pongo, en Humahuaca y otros tanto puntos de la provincia.
En este contexto, el pasado 11 de julio las abogadas denunciaron ante la Fiscalía Federal de jujuy al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Pueblos Indígenas y el Gobierno provincial por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad entre otros delitos.
Llanes detalló: «Denunciamos por abuso de autoridad porque en muchas ocasiones, donde hay dos comunidades que confluyen dentro de un territorio compartido, la Secretaría de Pueblos Indígenas reconoce solamente a la comunidad que acepta el pedimento minero y así se lo informa a las empresas».
«Entonces vemos que la Secretaría, lejos de acompañar, de informar y de cumplir con sus funciones, lo que hace es ser funcional a las empresas extractivistas, ser el nexo para que las comunidades queden relegadas», completó.
Por otro lado, la abogada reveló que personas vinculadas a la Secretaría ingresan a las asambleas generales de las comunidades para que sean aceptados los informes de impacto ambiental, «y luego lo toman de manera engañosa como si hubiera sido un consentimiento libre, previo e informado».
Luego de haber presentado la denuncia, hubo conversaciones para llevar adelante una mesa de trabajo con referentes comunitarios, sus representantes legales y funcionarios del área con el fin de empezar a regularizar la situación de las comunidades.
«Nos citaron para el miércoles 13. Habíamos hablado con Laura Kremsler, que es la secretaria privada del ministro Álvarez García, del cual depende la Secretaría -relató la abogada-. Y cuando llegamos ese día a las 9 de la mañana, no había nadie y la policía estaba rodeando la casa de gobierno. Lo de siempre. Entonces las comunidades se cansaron».
En total, hay en la provincia cerca de 520 comunidades originarias, de las cuales apenas 168 poseen su personería jurídica. «Las personerías se vienen pidiendo desde 2012, presentando todo tipo de notas, y nunca hay respuesta. Pierden la documental, los censos… Todo es irregular», señaló Llanes.
Pero las personerías jurídicas son solo una parte del problema, ya que una vez obtenidas, es necesario que se realice el relevamiento territorial para otorgar luego los títulos de propiedad comunitaria. Si bien en muchos casos se cumplió con el relevamiento, los trámites parecen haber quedado congelados y la mayoría de las comunidades no recibieron su carpeta técnica.
De acuerdo a la información publicada en el sistema de la provincia, solo algo más de 100 comunidades tienen su título. El resto espera.
Llanes contó que ante una consulta, la Secretaría de Pueblos Indígenas les respondió que las carpetas técnicas estaban en poder del INAI. Sin embargo, cuando un grupo de comuneros viajó a Buenos Aires para pedirlas, les respondieron «nosotros enviamos todo a provincia».
«Todas estas situaciones irregulares se reclamaron a la Secretaría de Pueblos indígenas sin tener una respuesta. ¿Dónde están las carpetas técnicas? ¿Cuándo van a hacer los relevamientos territoriales? ¿Por qué no están entregando la información?», planteó.
Luego de varios reclamos, finalmente, se fijó el inicio de la mesa de trabajo para este miércoles por la tarde. Van a participar funcionarios del Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda y la Secretaría de Minería, entre otros funcionarios.
«Esperemos que cumplan. Hasta que no tengamos la firma y los papeles en la mano, la gente y las comunidades no creen», advirtió Llanes.
‘No hay plata’
«La situación actual es grave, pero celebramos, porque empezamos la mesa de trabajo», comentó a El Submarino Radio Carlos Chuchuy, de la comunidad de Lumara.
El comunero reveló que «la Secretaría dice que no tiene plata para hacer los Reteci, el relevamiento territorial que luego termina en la escritura comunitaria».
«Pero bueno, habrá que aplicar la tecnología -planteó Chuchuy-. Tenemos el Google Earth, el Google Maps, hoy con buen GPS puedes hacer todo eso. Así que vamos a aprovechar la tecnología, porque nosotros tampoco contamos con dinero».
