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Este viernes se realiza la audiencia pública en la que se va a elegir a la persona que va a representar a los organismos de derechos humanos de Jujuy en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles o Degradantes (CPT).
El CPT fue creado en Jujuy en 2021, en adhesión a la ley nacional. Su misión es monitorear los establecimientos penitenciarios, los lugares de internación en salud mental, como el Centro Vicente Arroyabe, y los institutos donde se alojan niñas, niños, adolescentes, ancianos y ancianas. Los monitoreos se realizan durante todo el año y puntualmente cuando hay alguna denuncia sobre una situación de este tipo.
Faviola Suárez, referente de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional, es una de las dos postulantes. «La tarea del Comité es prevenir cualquier hecho de trato inhumano, cruel o torturas, que se suelen dar en estos establecimientos», explicó Suárez en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5).
Cada provincia del país tiene su Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En conjunto, conforman el Consejo Federal de Mecanismos Locales.
Cada Mecanismo está integrado por tres miembros. Un representante del Poder Legislativo, que ocupa la presidencia; uno del Ejecutivo, y uno postulado por organizaciones de derechos humanos. En esta oportunidad, además de Suárez, está propuesta María Villada, de La Casa de las Madres Jujuy. La aprobación de quienes ocupan esos lugares debe pasar por la Legislatura.
El proceso para cubrir estos cargos es extenso. Comenzó en julio pasado, con la presentación de las personas propuestas. Luego se publican sus antecedentes y se establece un plazo de 15 días para presentar impugnaciones. Si no las hay, se llega a la instancia de este viernes, que es la audiencia pública.
Las personas que se postulan, además de acreditar sus antecedentes en materia de derechos humanos, deben presentar avales de otras instituciones que apoyan su designación. En el caso de Faviola Suárez, contó con el respaldo de la ONG Juanita Moro, la APDH, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Andhes, el Centro de Estudios del Sur Andino (UNJu-Conicet), Apuap, CTA-T, Agrupación Verde y Blanca de ATE Jujuy, y el Cedems.
Los antecedentes y avales están publicados en la web de la Legislatura de Jujuy y pueden consultarse aquí.
«A la audiencia pública van las personas postuladas, explican cuál es su trabajo y por qué que se proponen para el cargo. Pueden participar organizaciones o personas de la sociedad civil para hacer preguntas», detalló Suárez.
Una vez cumplido este paso, la Legislatura debe definir en sesión quién será la persona elegida. El cargo es por cuatro años, con posibilidad de renovación por única vez.
Los miembros del CPT tienen dos dos reuniones ordinarias por año. «Hasta mayo hay tiempo de elaborar el informe de la actividad del año anterior. Y en noviembre a más tardar hay que hacer el informe parcial de lo que se trabajó en el año en curso», explicó Suárez.
Esos informes se presentan ante el Consejo Consultivo, que es el órgano de contralor y está integrado por la universidad, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, el presidente y el vice de la Comisión de Derechos Humanos la legislatura, el Colegio de Abogados y el Ministerio Público de la Defensa. «En nuestro caso, de los organismos de derechos humanos, está la doctora Malka Manestar, de Andhes, y estoy yo por Madres y Familiares y por la Coordinadora Contra la Violencia Institucional», precisó.
En caso de ser elegida para integrar el Comité, el lugar que hoy ocupa Suárez en el Consejo Consultivo se cubrirá con otro representante de organismos de derechos humanos.
-¿Qué tipo de intervenciones hace el Comité?
-El Comité se reúne cuando pasa alguna situación, incluso en otras provincias. Por ejemplo, este año nos reunimos en Tucumán por una agresión al comisionado, al que no le permitían ingresar a uno de los servicios penitenciarios. Además, todos los años se reúnen los dispositivos locales con el Comité Nacional en alguna provincia.
-¿En Jujuy se reunieron?
-Sí, el Comité Nacional nos visitó dos veces. La primera fue en 2022, a raíz de las denuncias que teníamos de causas armadas y represiones. Y volvió en 2023 a raíz del Jujeñazo, a tomar las denuncias por la represión a las protestas contra la reforma constitucional.
-¿Qué va a exponer en la audiencia de este viernes?
-Desde la Coordinadora Contra la Violencia Institucional, que es un brazo de los organismos de derechos humanos, llevamos todo lo que venimos trabajando desde 2013 en los centros de detención, con la violencia policial, los casos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias. También hacemos monitoreos en las manifestaciones, y eso fue precisamente lo que nos costó mi detención en 2023.
