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La Casa Rosada apelará la resolución del juez federal Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario.
La estrategia legal está en manos de la Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, con la premisa de frenar un desembolso estimado en más de un billón de pesos que, según el Ejecutivo, pondría en riesgo el superávit fiscal.
El fallo dio la razón a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA, al considerar que la decisión oficial de supeditar la norma a que el Congreso defina partidas operó como un «veto encubierto».
Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano descartaron cualquier mesa de diálogo con las casas de estudio y argumentaron que cualquier modificación presupuestaria debe ser dirimida de ahora en más en el Poder Legislativo.
Ante la falta de respuestas y la resistencia judicial del Ejecutivo, la comunidad académica anticipó que mantendrá la disputa en los tribunales y ya ratificó una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
El conflicto suma así un capítulo de alta tensión política en pleno debate legislativo por las partidas del Presupuesto Nacional.
