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La reforma educativa que el Gobierno quería lanzar en silencio, tras el recambio legislativo, se difundió antes de tiempo y ahora lo “frizó”.
El paper interno que introducía cambios en contenidos, currículas y financiamiento- “se filtró” dentro del propio mundo libertario y el proyecto fue expuesto por funcionarios y legisladores, y la interna de la Casa Rosada explotó y el proyecto fue guardado.
Carolina Losada, senadora de la UCR con peluca, fue la que tuvo que dar la cara ante las consultas. Los borradores se filtraron, y ella, como integrante del Consejo de Mayo por los senadores, salió a aclarar la situación con un gesto de fastidio evidente. “Hay filtraciones que no hacen bien a lo que nosotros queremos hacer”, señaló.
La frase resumió la estrategia del Gobierno que busca avanzar rápido, sin debate público, y asegurarse de contar con suficientes bancas para aprobar el proyecto en el Congreso. “Hay un pacto de confidencialidad. Tenemos la base, estamos compartiendo versiones, pero no se pueden difundir”, insistió Losada.
“Lo que resta definir ahora son definiciones políticas, pero es importante que esperemos porque no falta nada”, resumió la senadora santafesina.
Tras la filtración, el Ejecutivo decidió “enfriar” las reuniones del Consejo de Mayo, el órgano encargado de preparar el proyecto, que está integrado por miembros cercanos al oficialismo y representantes de distintos sectores políticos y sindicales.
El proyecto planteaba la derogación de la Ley Nacional de Educación 26.206 y habilita que cada institución -pública, privada o “de iniciativa social”- defina su propio plan de estudios, calendario escolar, modalidades pedagógicas y criterios de contratación docente. Sin parámetros comunes, el sistema se fragmenta y convierte la educación en un mercado de ofertas desiguales.
En paralelo, se incorpora la educación en el hogar y modelos híbridos. El discurso oficial habla de “libertad educativa”, pero detrás asoma una transferencia de responsabilidades del Estado a las familias. El acceso a una educación de calidad dependería de los recursos de cada hogar y de la capacidad de competir entre instituciones.
La filtración no solo adelantó el proyecto del Gobierno, sino que también reveló el esquema pensado para recortar en uno de los bienes más preciados del país: la educación pública, gratuita y de calidad.
