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La implementación de un ‘boleto social’ destinado a sectores sociales vulnerables que no estén incluidos en el sistema de pases libres, y la organización de «instancias de participación ciudadana que fortalezcan la transparencia» son dos de los principadles puntos que plantea en una resolución la Defensoría del Pueblo de Jujuy, que después que haberse presentado a la justicia para que se suspendan los aumentos de tarifas de servicios, salió ahora a ocuparse del transporte de pasajeros.
Mediante la Resolución Nº 150-DPPJ-2016, y ante el severo golpe a la economía familiar de los jujeños por el aumento de todas las tarifas y el reclamo masivo de los usuarios, quienes manifestaron su disconformidad y preocupación», el Defensor del Pueblo de Jujuy, Ricardo Pierazzoli, pide al Concejo Deliberante de San Salvador que considere «la implementación del boleto social para los sectores vulnerables que no hayan sido incluidos en el sistema de pase libre» y la organización de «instancias de participación ciudadana que fortalezcan la transparencia, garantizando los derechos de los consumidores y usuarios».
En este último sentido, la Defensoría plantea que «es necesario recuperar el diálogo en el marco de audiencia pública» porque el ejercicio del derecho colectivo «no debe limitarse a una página web o a plazos eximios para la presentación de documentación y aportes», en referencia al mecanismo que eligió el Concejo capitalino para que la gente opine sobre el aumento del boleto de colectivo.
«Considero fundamental bridar a la comunidad la posibilidad de intervenir», señala Pierazzoli en la resolución, y agrega que es «trascendental responder a los sectores más carenciados, instrumentando el boleto social para los vecinos de San Salvador, articulando con las normativas establecidas de la tarifa social”.
La propuesta del Defesor es que ese boleto social se aplique a jubilados y pensionados que perciban haberes mínimos, beneficiarios de programas sociales, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH), trabajadores registrados con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a un salario mínimo, vital y móvil, inscriptos en el Monotributo Social, empleados del servicio doméstico, personas que cobren Seguro de Desempleo y beneficiarios de Tarjeta Alimentaria.
En referencia al estudio de costos de la tarifa de transporte urbano de pasajeros que avala el incremento del boleto, el Defensor pide «la participación necesaria del Consejo de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Jujuy para analizar los ejes y parámetros expuestos en la publicación».
“El grave impacto económico preocupa a todos los jujeños, los sectores más desprotegidos no puedan solventar la totalidad de gastos que permitan cubrir sus necesidades básicas, como organismo que protege los derechos de los ciudadanos seguiremos trabajando para preservar y garantizar que los mismo no sean vulnerados”, finalizó.
