Condenan a un policía a 3 años por vejaciones contra un joven discapacitado

El policía Daniel Esteban Flores Taritolay fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena, por ser autor penalmente responsable del delito de “vejaciones” cometido en la Seccional 2 en perjuicio de un joven discapacitado al que habían detenido en la calle.

El Tribunal que condenó a Flores Taritolay estuvo integrado por Luciano Yapura –presidente de trámite–, Felicia Barrios y María Margarita Nallar. Los magistrados además resolvieron que, una vez firme la sentencia, se proceda a su inmediata detención.

Otros tres efectivos que llegaron a juicio por el mismo hecho, dos hombres y una mujer, fueron absueltos.

La condena fue por el delito de vejaciones a pesar de que Flores Taritolay había llegado a juicio acusado de tortura. El fiscal había pedido una pena de 8 años. El policía contó con la defensa técnica de Fernando Bóveda y Patricia Puita, quienes podrían apelar la condena.

‘En carne viva’

El hecho que motivó el procesamiento de estos cuatro policías ocurrió el 17 de julio de 2023, cuando Gabriel Gonzalo Choque, entonces de 27 años, estaba en la vereda de un bar en la avenida Éxodo. De manera violenta, los policías le ordenaron que se pusiera de pie, el joven no pudo e intentó mostrar su Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero lo metieron en el patrullero antes de que pudiera explicar su situación.

Lo trasladaron a la Seccional 2, ubicada en Juana Manuela Gorriti y Uriondo, en barrio Gorriti. Allí lo esposaron a las rejas de una celda, lo encapucharon y lo golpearon repetidamente, mientras otros detenidos gritaban para que cesara la violenta agresión.

Flores Taritolay estaba asignado como cuartelero.

A las 4.30 de la madrugada, la madre de Gabriel Choque, Andrea, recibió un llamado informándole que Gabriel estaba en el hospital Pablo Soria, adonde había sido trasladado por personal del SAME. Al llegar, ve que su hijo tenía una importante herida en la cabeza, además de marcas en brazos y piernas. «Estaba en carne viva», describió la mujer en diálogo con El Submarino.

«Cuando llegué al hospital estaba mal, muy alterado. Lo medicamos, y me cuenta que la policía le quitó sus pertenencias. Entonces vamos a la comisaría y les dije que iba a declarar yo, porque él es incapaz y yo soy su tutora», relató Andrea.

Comisario salvador

Esa noche, mientras Gabriel estaba en la seccional, pasó un comisario inspector de apellido Chavarría, en su ronda habitual, y escuchó gritos. Los efectivos a cargo le dijeron que era un detenido que estaba intoxicado. Pidió que le abrieran la celda y le respondieron que no tenían la llave.

La llave apareció cuando el superior amagó con hacer un escrito denunciando lo irregular de la situación. Al abrir, Chavarría encontró al joven esposado de espaldas a una reja, encapuchado y con signos de haber sido golpeado brutalmente.

Fue cuando se hizo presente la ayudante de fiscal Paola Angelo, que estaba de turno, y llamaron al SAME. La denuncia fue presentada por Chavarría, quien declaró ante el tribunal y confirmó los hechos.

«Ese comisario le salvó la vida», afirmó Andrea, y reflexionó: «Si no llegaba el comisario esa noche, creo que lo iban a matar. Actuaron con tanta cizaña… Iba a ser un muerto más por adicción, tirado en algún lado, flotando en Los Alisos o suicidado».

También declaró un efectivo del CEOP, quien reveló que en el momento de la detención de Gabriel los policías le pidieron unas esposas porque las que llevaban ellos estaban rotas.

El fiscal Juan Luis Sorbello, que llevó adelante la investigación, acusó a los imputados del delito de «tortura» y pidió 8 años de prisión. Pero el juez cambió la calificación a último momento y solo condenó al cuartelero, Daniel Flores Taritolay, por «vejaciones», imponiéndole una pena de 3 años.

La acusación formal describe que «el acusado, burlándose de su condición, le tapó la cabeza con una prenda de vestir y lo agredió brutalmente con un palo».

En el expediente constan las lesiones: «Múltiples lesiones en la cabeza, en el puente de la nariz, en la región ocular derecha, parpado inferior, pómulo izquierdo; también en la región retro auricular derecha, en región lumbar izquierda, en miembros superiores y en ambas piernas, todo lo cual provocó en la víctima un desmedido sufrimiento y dolor».

Desprotección

Gabriel y su madre estuvieron representados por el abogado Joaquín Campos, de Asistencia a la Víctima. «Nunca me llamó. Nunca pude hablar con él. Recién el 26 de febrero fuimos a declaración y ese día lo conocí», contó Andrea. En la audiencia, participó como abogado de la querella Atilio Huanco.

A pesar de contar con su Certificado de Discapacidad, Gabriel no recibe ningún tipo de asistencia del Estado. «Acá el único lugar para internar es el Psicopatologico de calle San Martín, pero ahí solo los medican, no les dan tratamiento», relató Andrea.

«Él tiene una patología dual, y en Jujuy no hay otro lugar para internarlo o atenderlo», agregó.

Secuelas y temores

Gabriel quedó con secuelas psicológicas graves, incluyendo pánico a la policía y cinco meses de internación en el Psicopatológico. «Esto lo afectó terriblemente. Hoy, cuando consume, de lo único que habla es de la policía. Dice ‘me van a reventar, ya vienen’, y se pone en la puerta. Pero no hay nada. Antes no era así», describió la madre.

«Mi hijo vende alfajores. Además de su discapacidad psiquiátrica, tiene problemas de consumo. A veces me llaman por alguna situación, alguna pelea. Pero no tiene antecedentes», describió Andrea.

«Fueron tres años de espera. No dije nada en todo este tiempo, estuve escondida por miedo, pero ahora no me callo más», advirtió.