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La Cámara Federal le asestó un duro golpe a la estrategia oficial de desfinanciamiento educativo. En un fallo contundente, el tribunal rechazó la apelación del Ejecutivo y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada a fines de 2025.
Un argumento «flojo de papeles»
El Gobierno Nacional intentó frenar la medida cautelar sosteniendo que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento y que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Sin embargo, los camaristas fueron lapidarios: calificaron esos argumentos de «poco serios» y recordaron que una ley del Congreso, votada por amplia mayoría, no puede ser suspendida por un decreto de menor jerarquía.
Salarios, becas e investigación
El fallo, que surge tras un amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obliga a Nación a:
- Actualizar salarios: Docentes y no docentes deben recibir los fondos estipulados por ley.
- Reactivar becas: La Justicia consideró «ilegítima» la suspensión de la ayuda estudiantil.
- Fondos para ciencia y salud: La medida alcanza también a los programas de investigación y extensión universitaria.
Para los jueces, el impacto presupuestario que reclama el Ministerio de Economía no es significativo frente al derecho a la educación superior, dejando a la «motosierra» oficial sin margen de maniobra legal.
