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La indignación volvió a ganar las calles de San Salvador de Jujuy, pero esta vez no por una protesta, sino por un encuentro fortuito que desnudó las fallas en el control judicial de la provincia. El protagonista: José Arias, un pastor evangelista condenado en febrero de 2024 a 12 años de prisión efectiva por múltiples ataques sexuales contra menores de edad.
El hecho se conoció tras la denuncia pública de la abogada Mariana Vargas, referente en causas de violencia de género, quien se cruzó cara a cara con el condenado en la calle Patricias Argentinas. Según relató la letrada, Arias no solo circulaba con total impunidad, sino que incluso se atrevió a saludarla, a lo que ella respondió recriminándole que debería estar tras las rejas cumpliendo su condena.
Pastor de una Iglesia fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de tres niñas
Una condena de papel
José Arias fue hallado culpable de seis ataques sexuales contra niñas, bajo cargos que incluyen abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal, todos agravados por su condición de ministro de culto. A pesar de la gravedad de los hechos y del monto de la pena (12 años), el tribunal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, los términos de ese beneficio parecen ser letra muerta. La normativa es clara: para acceder a la libertad condicional, un condenado debe cumplir al menos dos tercios de la pena; en el caso de Arias, esto recién ocurriría dentro de seis años.
«La impunidad volvió a ser regla»
Desde la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro también alzaron la voz para exigir explicaciones urgentes a las autoridades. «¿Quién controla? ¿Quién responde?», cuestionaron, calificando la situación como una «grave irregularidad» que pone en riesgo a las víctimas y revictimiza a las familias que lucharon por justicia.
Cabe recordar que, además de la detención, Arias tiene prohibido acercarse a las víctimas a menos de 500 metros y debe realizar cursos obligatorios sobre violencia de género. No obstante, verlo caminar libremente por el casco céntrico de la ciudad genera una pregunta inevitable: ¿Existe un control real sobre los condenados con prisión domiciliaria en Jujuy o el beneficio es, en realidad, una libertad encubierta?
Por ahora, el silencio del Ministerio Público de la Acusación y del tribunal interviniente solo alimenta el malestar social en una provincia donde la justicia parece caminar a un ritmo muy distinto cuando los victimarios tienen sotana o cargo eclesiástico.
