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La diputada provincial Patricia Ríos (Frente Jujuy Crece) rechazó la propuesta de su par libertario Kevin Ballesty de disolver el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.
La legisladora defendió la continuidad del organismo jujeño al definirlo como la última barrera de contención institucional ante el desmantelamiento de las políticas de asistencia ejecutado por la administración nacional de Javier Milei.
Ríos fundamentó la relevancia del Consejo local detallando sus funciones operativas en prevención de violencia, asistencia legal y psicológica, capacitaciones de la Ley Micaela y articulación comunal.
Advirtió que la postura de Ballesty busca replicar en Jujuy un esquema de quita de derechos que, según datos de organizaciones civiles como MuMaLá y La Casa del Encuentro, se da en un contexto crítico donde se registra un femicidio cada 33 horas en el país.
El impacto técnico del recorte presupuestario nacional
La legisladora realizó un balance del impacto que tuvo la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, transformado inicialmente en subsecretaría por el Decreto 86/2023 y disuelto formalmente en junio de 2024. Detalló que las resoluciones 291 y 292 de 2025 profundizaron el vaciamiento al dar de baja trece programas federales, afectando líneas de acción directa:
- Programa Acompañar: Destinado al apoyo económico y psicológico de víctimas en riesgo, sufrió una caída del 90% en su ejecución durante 2024 y quedó sin partidas específicas en el Presupuesto 2025.
- Plan ENIA: Orientado a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia —dispositivo que redujo a la mitad la tasa de fecundidad en esa franja entre 2018 y 2021—, quedó desarticulado tras la baja de 619 contratos en abril de 2024.
- Línea 144: El sistema de atención telefónica para emergencias, que promedia 340 comunicaciones diarias, perdió dos tercios de su financiamiento para el ejercicio 2026, reduciendo sus metas operativas a un tercio de lo ejecutado en 2023.
Ríos cuestionó el argumento del ahorro fiscal en casos como el Plan ENIA, señalando que el dispositivo requería una inversión de 17,5 millones de dólares anuales, mientras que los costos socioeconómicos derivados de la maternidad temprana en Argentina alcanzan los 568 millones de dólares anuales según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Incumplimiento de normativas y tratados internacionales
En el plano legal, la diputada remarcó que las medidas nacionales y los discursos de supresión institucional vulneran el marco jurídico vigente. Recordó que la Ley 26.485 obliga de forma taxativa al Estado nacional a mantener un órgano rector para la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Asimismo, subrayó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas emitió observaciones finales el 23 de febrero de 2026. En dicho documento, el organismo internacional manifestó su preocupación formal por la fragmentación institucional en Argentina y el desfinanciamiento de las líneas de asistencia, lo que sitúa al país en un escenario de incumplimiento de tratados con rango constitucional.
