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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política y social en Bolivia, e instó de manera urgente al Gobierno y a los sectores movilizados a deponer posturas confrontativas y dar absoluta prioridad al diálogo para alcanzar una solución pacífica.
El pronunciamiento del organismo internacional surge tras más de un mes de cortes de rutas y protestas lideradas por sectores sociales que, entre otras demandas, exigen la renuncia del presidente del Senado, Rodrigo Paz. Las medidas de fuerza ya generaron graves afectaciones a los derechos humanos de la población civil en gran parte del territorio vecino.
Desabastecimiento y alarma humanitaria
La CIDH advirtió que la persistencia de los piquetes viales provocó un severo desabastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos esenciales en las principales ciudades del país, impactando con mayor fuerza en los centros urbanos de La Paz y El Alto.
El reporte del organismo detalla que la falta de oxígeno medicinal y medicamentos esenciales puso en situación de riesgo crítico a pacientes hospitalizados, registrándose ya las primeras víctimas fatales directas por la imposibilidad de recibir asistencia médica oportuna a causa de los bloqueos. Frente a este escenario, la comisión hizo un llamado vehemente para que se abran corredores humanitarios que permitan el libre tránsito de servicios de emergencia y suministros básicos.
Derecho a la protesta y el rol del Estado
Si bien la institución panamericana ratificó la vigencia y la protección del derecho a la protesta social pacífica, aclaró que la comisión de hechos aislados de violencia no debe deslegitimar las movilizaciones en su conjunto, aunque marcó un límite estricto respecto a la vulneración de los derechos fundamentales de terceros.
Por su parte, la Cancillería boliviana tomó nota del posicionamiento internacional y solicitó a la CIDH mantener una evaluación equilibrada de los hechos, remarcando que el Estado nacional tiene la obligación irrenunciable de garantizar la seguridad interna, resguardar el funcionamiento de las instituciones públicas y restablecer el orden democrático ante un conflicto que ya derivó en la renuncia de ministros clave del gabinete.
