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A horas de un balotaje que mantiene en vilo a la región, los peruanos acuden este domingo a las urnas en un escenario de extrema paridad e incertidumbre. Las últimas encuestas publicadas el pasado domingo otorgan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) una ventaja milimétrica de entre dos y cuatro puntos sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Sin embargo, tras el contundente triunfo de Sánchez en el debate televisivo del último fin de semana y la febril aceleración de los cierres de campaña, el desenlace final permanece completamente abierto.
Más allá de los nombres, lo que se define es el choque frontal de dos modelos políticos, económicos e institucionales antitéticos para gestionar un Estado sumido en una profunda crisis de representación y una creciente ola de inseguridad.
Este domingo, Perú no solo elige a un nuevo mandatario: decide si convalida la concentración total del poder público en manos del fujimorismo o si respalda un experimento de coalición amplia para reconstruir sus instituciones, bajo la sombra de un electorado exhausto cuya única certeza es el hartazgo.
Roberto Sánchez: la coalición democrática contra el absolutismo
El proyecto de Roberto Sánchez, de centroizquierda, se ha configurado para esta segunda vuelta como una plataforma de concertación amplia.
Con el objetivo explícito de frenar el avance fujimorista, Sánchez logró articular un frente que excede los márgenes de su propio espacio, sumando a exaspirantes presidenciales de la primera vuelta, partidos de centro y centroderecha, sindicatos y organizaciones sociales.
En lo económico, los ejes principales de esta coalición son el impulso a la industrialización, el apoyo directo a las micro y pequeñas empresas, la defensa de los derechos laborales y el aumento del sueldo mínimo, acompañados por un programa masivo de asistencia contra el hambre y la pobreza.
Ante la agresiva campaña mediática que intenta etiquetarlo de «comunista» o «radical», Sánchez ha sido categórico: su gestión encabezará un gobierno de concertación que no realizará estatizaciones, sino que rescatará las bases de la producción nacional.
El componente simbólico e institucional es el núcleo de su propuesta. Sánchez, quien adoptó el sombrero de ala ancha que caracterizó al expresidente Pedro Castillo -a quien promete indultar-, plantea su postulación como un dique de contención democrática.
Su discurso alerta sobre el peligro de otorgar el poder absoluto a un fujimorismo que ya controla, de facto y desde el Parlamento, resortes clave del Estado como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Keiko Fujimori: la herencia autocrática y la promesa de mano dura
En la otra vereda, Keiko Fujimori encara su cuarta postulación presidencial con una estrategia diametralmente opuesta: la reivindicación abierta y explícita del régimen de su padre, el fallecido dictador Alberto Fujimori.
La candidata de Fuerza Popular no ha buscado coaliciones programáticas orgánicas, sino que ha concentrado el respaldo del bloque conservador y de la ultraderecha, consolidado a último momento con el apoyo explícito del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (tercedo en la primera vuelta con el 11% de los votos).
El eje discursivo de Fujimori se apoya en la demanda ciudadana de seguridad, ofreciendo un modelo de «mano dura» que incluye la militarización del país para combatir la delincuencia.
En paralelo, su campaña ha explotado el recurso del miedo económico, afirmando que un triunfo de la izquierda derivaría en la expropiación de pequeños negocios y en la implantación de un régimen totalitario, una narrativa ampliamente amplificada por los principales conglomerados de medios del país.
La viabilidad institucional de su proyecto se respalda en el actual entramado parlamentario. Fujimori cuenta con el aval implícito del gobierno de Dina Boluarte, cuya supervivencia política fue garantizada por la bancada fujimorista en el Congreso a través del archivo sistemático de las acusaciones constitucionales por la represión social de 2022 y 2023.
La disputa por el control del Estado y la calle
La distancia geográfica de los cierres de campaña del último jueves ilustró con precisión la división del mapa electoral.
Mientras Fujimori se recluyó en el norte costero antes de cerrar en las zonas residenciales del este de Lima (en la explanada aledaña al Estadio Monumental), Sánchez recorrió el sur andino -donde congrega multitudes- y desafió el veto del alcalde capitalino Renzo Reggiardo, quien le denegó los permisos para el centro de Lima, obligando a Juntos por el Perú a trasladar su masivo mitin final al Campo de Marte.
Dos visiones institucionales clave
En el plano de la seguridad y la justicia, Sánchez atribuye la expansión del crimen organizado a las polémicas «leyes procrimen» aprobadas por el Congreso controlado por el fujimorismo -las cuales limitan las investigaciones fiscales- y promete su derogación inmediata.
Fujimori, por su parte, evita pronunciarse sobre estas normas y fía la solución al despliegue militar.
En materia de derechos humanos, y tras reunirse en Juliaca con los familiares de las víctimas de la represión de 2023, Sánchez anunció la creación de una Comisión de la Verdad para juzgar las muertes que el fujimorismo ha blindado en el Parlamento.
En contraste, Fujimori fue repelida por manifestantes en esa misma región altiplánica, debiendo suspender sus actividades públicas por el fuerte rechazo a su alianza con el régimen de Boluarte.
Historial de los balotajes más recientes
- 2011: Ollanta Humala (51,4%) superó a Keiko Fujimori (48,5%).
- 2016: Pedro Pablo Kuczynski (50,1%) venció a Keiko Fujimori (49,8%) por apenas 41.000 votos, en una de las definiciones más ajustadas de la historia continental.
- 2021: Pedro Castillo (50,1%) derrotó nuevamente a Keiko Fujimori (49,8%) por una diferencia mínima de 44.000 votos, lo que desató semanas de impugnaciones legales antes de proclamar al ganador.
Fuentes: Página/12, Perfil
