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Marcela López y Gustavo «Chavo» Farfán finalmente juraron y asumieron sus bancas en el Concejo Deliberante de La Quiaca. El acto administrativo se concretó este lunes por la mañana mediante la resolución 41/2026, poniendo fin a una parálisis de casi medio año en el parlamento de la ciudad fronteriza.
La asunción representa un revés para el oficialismo local alineado con el intendente Dante Velázquez y el dirigente justicialista Rubén Rivarola, que desde diciembre de 2025 bloqueaba el ingreso de los legisladores electos alegando una supuesta «inhabilidad moral».
Los detonantes: multas y amenaza de intervención
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la concejal Marcela López detalló que la convocatoria formal a la sesión les fue notificada el domingo a última hora, concretándose la jura este lunes con total normalidad.
«Yo creo que la multa que le imponían al presidente del Concejo Deliberante por no dejarnos asumir más la amenaza de intervención fueron el detonante para que el día de hoy nosotros estemos ocupando la banca que nos corresponde», afirmó.
López se refería a dos cuestiones clave para la resolución del conflicto. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia de Jujuy endureció su postura frente al incumplimiento de los fallos previos —que ya acumulaban una penalidad institucional cercana a los 2 millones de pesos— y ordenó una multa personal y diaria de 80.000 pesos contra el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barro, a pagar de su propio bolsillo.
En segundo lugar, el panorama se tornó crítico el pasado jueves en la Legislatura provincial, donde el diputado Carlos Haquim advirtió sobre una posible intervención a los poderes de La Quiaca si se persistía en la desobediencia judicial.
Control desde la minoría
A partir de la incorporación de López y Farfán, se completan finalmente las seis bancas del Concejo Deliberante quiaqueño. López y Farfán ingresan como referentes de la oposición, frente a los cuatro concejales que responden de forma directa al intendente Velázquez y al sector de Rivarola.
A pesar de la disparidad de fuerzas, López adelantó que la estrategia del bloque se centrará en el control fiscal y la transparencia administrativa, un reclamo histórico en el municipio.
«Vamos con el tema de los pedidos de informe. Los quiaqueños tenemos que saber cuándo llega la plata, en qué se la destina y cómo se la destina. Acá los pedidos de informe tienen que salir y se tiene que reglamentar», sentenció.
Asimismo, la legisladora aclaró que la vía judicial no ha concluido, ya que resta un dictamen definitivo de fondo por parte de la Suprema Corte local para consolidar firmemente la situación institucional.
El reclamo por las dietas y el armado político
Otro frente que se abre de inmediato es el administrativo y financiero. Al haber estado impedidos de asumir desde el 10 de diciembre de 2025, ni López ni Farfán percibieron sus dietas correspondientes, una situación que ya se encuentra en manos de sus asesores legales.
Además, la concejal advirtió que el bloque debe resolver el financiamiento y la designación del personal de secretaría técnica que por ley les corresponde para comenzar a trabajar.
Finalmente, respecto al futuro político de su espacio frente al nuevo mapa de poder adverso en el recinto, López anticipó movimientos estratégicos: «Si bien continuamos siendo un partido municipal, vamos a tomar alguna determinación política en estos días. Necesitamos el resguardo de sectores que realmente quieran hacer las cosas como corresponde».
El conflicto institucional en el legislativo de La Quiaca se inició en la sesión preparatoria de diciembre de 2025, cuando la policía impidió físicamente el ingreso de López y Farfán al recinto parlamentario por orden del oficialismo local. El único concejal electo al que se le permitió asumir en esa fecha fue Silvano Velásquez, hermano del actual intendente.
