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El Senado de la Nación intentará sesionar este jueves a partir del mediodía para tratar la media sanción del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en lo que representa la última jornada parlamentaria previa al receso de invierno. La convocatoria, que será conducida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, llega rodeada de especulaciones sobre la obtención del quórum y de fuertes roces políticos en la cúpula oficialista.
Cruces y discrepancias internas
Trascendió que la propia Villarruel propuso postergar la sesión bajo el argumento de las celebraciones por el pase de la Selección a la final del Mundial. Sin embargo, en los pasillos de la Cámara Alta aseguran que el verdadero motivo de su resistencia radica en su disconformidad con la iniciativa oficial, especialmente en los artículos vinculados a la venta de tierras.
Esta postura generó una fuerte discusión con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. Durante el intercambio, la titular del Senado habría cuestionado la idea de rifar el país, mientras que la senadora le sugirió dar un paso al costado si no respaldaba el rumbo del Ejecutivo, cosechando un recordatorio de legitimidad electoral por parte de la vicepresidenta. A pesar de los chispazos, los operadores libertarios confían en alcanzar con lo justo el número para abrir el debate.
Pliegos judiciales y agenda legislativa
El orden del día acordado comenzará con el tratamiento de numerosos pliegos diplomáticos y judiciales enviados por la Casa Rosada. Entre ellos se destaca el pedido de prórroga para el camarista Víctor Pesino, magistrado clave que frenó la cautelar contra la Ley de Modernización Laboral y que está a las puertas de cumplir la edad límite de 75 años para seguir en funciones.
Posteriormente, los senadores abordarán la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de Julio, una iniciativa impulsada por las parlamentarias tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
El cierre de la jornada estará reservado para el polémico proyecto de propiedad privada redactado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca endurecer las expropiaciones y agilizar los desalojos tras acumular varias modificaciones en su redacción.
