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El Gobierno de Jujuy oficializó la declaración de la emergencia energética y tarifaria en todo el territorio provincial mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Sadir. La medida, dictada con carácter excepcional, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y apunta a garantizar la estabilidad y el acceso a los servicios esenciales ante la coyuntura económica actual.
A través del decreto, el Poder Ejecutivo facultó a la Secretaría de Energía y a la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu) a instrumentar las adecuaciones necesarias en los mecanismos regulatorios y contractuales. El esquema busca otorgar previsibilidad a los usuarios y proteger la continuidad de los servicios, con foco prioritario en los sectores de menores recursos.
Protecciones para usuarios residenciales
Para la categoría T1 (menores a 5 Kw), la resolución establece pautas directas para evitar interrupciones intempestivas frente al incumplimiento de pago. En ese sentido, se fijó la prohibición de suspender el suministro hasta que transcurran 20 días corridos de mora en la segunda factura consecutiva impaga.
Asimismo, se dispuso que el retiro del medidor solo podrá concretarse al cumplirse 60 días desde la ejecución del corte del servicio. Durante todo el período que dure la emergencia, quedó prohibida la aplicación de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica.
Mantenimiento de la Tarifa Social y subsidios
La norma ratificó la continuidad de los esquemas de asistencia económica vigentes en la provincia. De esta manera, se mantiene el subsidio del 50% previsto en la Ley Puna (N° 4.773) y sus normativas complementarias.
En paralelo, se confirmó la vigencia plena de la Tarifa Social (Decreto 8675-ISPTyV-2019), la cual otorga una cobertura del 100% sobre el Cargo Fijo y del 25% en el Cargo por Uso de Red. Para asegurar la inclusión de los beneficiarios correspondientes, la Secretaría de Energía junto a la Susepu encararán una campaña de reempadronamiento masivo.
Alcance en el servicio de agua potable
Las disposiciones de la emergencia alcanzan también a la prestación de agua potable y saneamiento. Se autorizó a la empresa Ejesa a incorporar dentro de sus convenios de refinanciación las deudas acumuladas por los usuarios con la compañía Agua Potable de Jujuy, permitiendo unificar la regularización de los pasivos.
Por su parte, se estableció que la empresa estatal de agua no podrá aplicar intereses punitorios a aquellos usuarios cuyo consumo mensual no exceda los 30 metros cúbicos, así como tampoco a las conexiones vinculadas a grifos comunitarios. La Susepu actuará como autoridad fiscalizadora para auditar el cumplimiento efectivo de la normativa por parte de las prestadoras.
