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Tras los cortes masivos provocados por el viento zonda que afectaron a más de 100.000 usuarios en la provincia, el Gobierno oficializó la declaración de la Emergencia Energética y Tarifaria hasta finales de 2027. Sin embargo, desde el Comité de Defensa del Consumidor (Codecuc) cuestionaron el alcance de la medida al considerar que no resuelve la problemática de fondo ni modifica los altos costos del servicio.
El titular de la entidad, Alejandro Mur, remarcó que el decreto funciona como un paliativo temporal que frena las interrupciones inmediatas del suministro y congela los intereses punitorios, pero mantiene intacto el cuadro tarifario vigente. La normativa no retrotrae las subas de las boletas ni baja el valor del kilovatio, por lo que la deuda de los hogares imposibilitados de pagar solo se posterga algunos semanas hacia el futuro.
Las nuevas pautas benefician a usuarios residenciales de pequeñas demandas (hasta 15 kW), tarifa social, electrodependientes y comunitarios. Con la modificación, la suspensión del servicio por mora recién podrá ejecutarse transcurridos 20 días corridos de la segunda factura consecutiva impaga, mientras que el retiro del medidor solo se autorizará tras 60 días del corte.
Pese a que el decreto ratifica la vigencia de la Tarifa Social y el subsidio del 50% previsto por la Ley Puna, desde la organización advierten que quedan al margen los comercios, las industrias, los consumidores de mayor potencia y quienes arrastran más de dos períodos adeudados. Por este motivo, insisten en que las deficiencias en las prestaciones y el impacto en los bolsillos continuarán vigentes hasta que se dispongan medidas de reestructuración profundas en el sistema eléctrico local.
