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El Senado aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que agiliza los procesos de desalojo y fija nuevos límites a las expropiaciones. Sin embargo, en la misma jornada el oficialismo debió retroceder y dar un paso al costado en su intención de modificar la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo de los sectores dialoguistas.
La votación en general cerró con 37 votos a favor y 33 en contra. El bloque de La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR y representantes de provincias como Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. El rechazo estuvo encabezado por el interbloque justicialista, al que se sumaron Convicción Federal y senadores de espacios provinciales de Salta, Santa Cruz y Tucumán, entre otros.
Este resultado se dio tras una negociación previa en la que el Gobierno ya había tenido que retirar del proyecto el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales y la extranjerización, ante las objeciones planteadas por varios gobernadores.
Sin cambios en el esquema ambiental
El intento por reformar la Ley de Manejo del Fuego terminó desestimado ante la negativa de senadores de bloques aliados y provinciales. Legisladores radicales y representantes de Misiones, Chubut, Salta, Santa Cruz y Tucumán rechazaron tocar la normativa vigente desde 2020, que prohíbe el cambio de uso del suelo por 60 años en bosques nativos e inmuebles incendiados, y por 30 años en superficies agropecuarias.
Desde el oficialismo argumentaban que dicho esquema castiga a los propietarios afectados por los incendios. Pese a ese planteo, la falta de consensos obligó a excluir los artículos correspondientes antes de la definición en el recinto.
En lo relativo al apartado de desalojos, la norma obtuvo 36 votos afirmativos, registrándose la abstención de la representación chubutense. La propuesta establece que las denuncias por ocupación ilegal tramiten mediante un procedimiento sumarísimo para acortar plazos judiciales.
Argumentos cruzados en el recinto
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, remarcó que el objetivo central de la iniciativa es resguardar el derecho de propiedad y agilizar la devolución de los inmuebles a sus titulares sin dilaciones de la justicia. En la misma linde, la conducción del bloque oficialista sostuvo que la medida busca proteger el esfuerzo individual frente a usurpaciones e irregularidades.
En la vereda opuesta, la jefatura del bloque justicialista calificó el texto de inconstitucional, objetó las reformas al régimen de expropiaciones y advirtió que la norma debilita la capacidad de custodia del Estado. A su vez, otros senadores de la oposición cuestionaron la celeridad del trámite parlamentario, señalando objeciones al régimen de desalojos y a la perspectiva mercantil de la tierra en un contexto de crisis habitacional.
Tras la sanción en el Senado, la iniciativa continuará el camino legislativo correspondiente con los capítulos ratificados y las modificaciones resignadas durante el debate.
