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El anuncio formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la firma de un gigantesco acuerdo petrolero con Venezuela se ha consolidado como una de las decisiones de política exterior más controvertidas de su mandato en relación con América Latina.
La dimensión del giro pragmático cobra particular relevancia al repasar los acontecimientos del último año: la administración estadounidense había impuesto un bloqueo marítimo sobre las costas venezolanas y llevado a cabo una operación militar con el objetivo de arrestar al entonces mandatario Nicolás Maduro. Sin embargo, en lugar de encauzar una transición democrática tradicional, la Casa Blanca sorprendió al reconocer como gobernante interina a Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del régimen saliente.
Un pacto de cifras astronómicas
El detonante de la nueva escena política fue un mensaje publicado por Trump en la red social Truth Social el pasado 28 de agosto. En él, el mandatario estadounidense aseguró haber alcanzado «el mayor acuerdo petrolero de la historia», sosteniendo que Washington obtuvo el «control mayoritario» sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano «sin costo alguno para el contribuyente estadounidense». Poco después, Delcy Rodríguez ratificó la existencia del pacto desde Caracas.
Según las estimaciones oficiales expuestas por Rodríguez, el convenio atraerá inversiones privadas e internacionales superiores a los US$ 100.000 millones y garantizará un ingreso por conceptos tributarios para el Estado venezolano cercano a los US$ 209.000 millones.
Rechazo transversal e indignación política
Lejos de generar consensos, las revelaciones sobre la letra del acuerdo desataron una tormenta de cuestionamientos procedentes de todo el espectro ideológico venezolano.
Desde la oposición liberal y la academia, el economista Ricardo Hausmann (profesor de la Universidad de Harvard) dirigió una severa crítica al secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los articuladores del entendimiento: «Usted decidió utilizar el poder de Estados Unidos no para liberar a los venezolanos, sino para aliarse con nuestros opresores. Optó por impulsar una apropiación de activos, un acuerdo inconstitucional con un gobierno ilegítimo y opresivo, en lugar de utilizar el liderazgo de Estados Unidos para restablecer primero el orden constitucional y la democracia», señaló.
En el otro extremo político, Rafael Ramírez, quien fue presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo de Hugo Chávez, coincidió en la severidad del diagnóstico desde la perspectiva soberanista: «El acuerdo pasará a la historia por entreguista y por abrir las puertas al nuevo colonialismo de EE.UU.», sentenció.
Aprobación parlamentaria
A pesar de las voces de rechazo, la implementación del pacto avanzó en el terreno institucional y diplomático. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó formalmente el acuerdo que concede por 100 años la explotación de 17 campos petroleros a la firma North American Blue Energy Partners (Nabep), otorgando además al Pentágono y al Departamento de Estado de EE.UU. un rol directo en la supervisión, cuota de producción y capacidad de veto sobre las decisiones clave de la compañía.
En tanto, viajó a Caracas el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, al frente de una delegación oficial para poner en marcha el proyecto y coordinar nuevas inversiones con firmas como Chevron.
Desde Washington defienden la maniobra no solo como un mecanismo para asegurar el suministro energético y revitalizar la industria local, sino también como un movimiento geopolítico estratégico para desplazar la histórica influencia china y rusa sobre los yacimientos venezolanos.
