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La fiscal María Emilia Curten Haquim apelará la prisión domiciliaria del comerciante condenado a 35 años de cárcel por abusos sexuales a menores, pero aclaró que está en un todo de acuerdo con el fallo y calificó la condena como «ejemplar».
El tribunal dispuso una condena de ejecución efectiva de 35 años de prisión, pero dispuso que el imputado mantenga la prisión preventiva domiciliaria que venía cumpliendo durante la investigación hasta tanto el fallo quede firme.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la fiscal de la Unidad Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar explicó: «No es que le dieron una condena domiciliaria, la condena es de ejecución efectiva. Lo que resolvieron los jueces fue sostener la medida coercitiva previa hasta que la sentencia adquiera firmeza», y recordó que durante el proceso de todo juicio penal «la regla es la libertad hasta que haya condena firme», y que las medidas cautelares previas solo buscan evitar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la causa.
Se trata del caso de Daniel Juárez, un empresario gastronómico de 45 años que recibió una pena de 35 años de prisión tras ser hallado culpable de cometer severos delitos contra la integridad sexual de cuatro menores, entre los que figuran dos de sus hijos.
Apenas conocida la sentencia, el Ministerio Público de la Acusación solicitó el traslado inmediato a una unidad carcelaria por entender que persisten riesgos para el cumplimiento de la pena, pero el tribunal optó por mantener la cautelar en la vivienda.
Ante la preocupación por la custodia del condenado, la fiscal detalló que el sujeto cuenta con medidas de vigilancia para impedir cualquier riesgo de fuga o acercamiento a las víctimas. «Está con prisión domiciliaria y control vigilado a través de una pulsera electrónica, además de rondas policiales periódicas a cargo de una custodia», precisó.
Respecto de los pasos legales a seguir, Curten Haquim señaló que se encuentra a la espera de recibir los fundamentos de la sentencia dentro de los diez días hábiles desde el veredicto. Una vez notificada, se abrirá un plazo de diez días hábiles para interponer los recursos correspondientes.
«Mi intención es apelar la medida coercitiva, no la condena. Con la condena estamos absolutamente de acuerdo porque es lo que solicitamos, pero sí buscaremos que pase a cumplir la prisión preventiva a una sede carcelaria», adelantó.
Consultada sobre los plazos para que la condena quede firme, la representante del MPA destacó los avances del nuevo sistema procesal penal, que permite respuestas mucho más expeditivas. Estimó que, en caso de que las partes recurran a instancias superiores como la Corte Suprema de Justicia, podría obtenerse una resolución en menos de un año. Si no existen apelaciones a la sentencia de fondo, el trámite de alzada podría demorar entre un mes y medio y dos meses.
Por último, al evaluar el desempeño del sistema judicial local, la fiscal destacó el trabajo llevado a cabo en el caso: «La labor de los jueces ha sido exhaustiva al verificar todas las evidencias presentadas. Es una condena ejemplar con montos de pena que en otro contexto eran difíciles de imaginar».
Frente a las críticas sobre posibles sesgos en el fuero penal, que mantiene posturas conservadoras y patriarcales, Curten Haquim consideró que se trata de dinámicas propias de la sociedad, y que en el quehacer judicial existen avances significativos: «Se han visto respuestas mucho más efectivas y sentencias que representan los intereses de las víctimas más vulnerables. Es parte de una construcción y de un proceso de cambio», afirmó.
Condenan a 35 años de cárcel a un comerciante por abusos a niños
