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Por Javier Bach Bilbao*. Los acólitos de La Libertad Avanza le piden al Estado que se corra mientras le reclaman rutas, exenciones y asistencia.
Septiembre dejó en Jujuy una postal repetida. Voceros de la industria, la minería y el campo recitaron el libreto oficial: el sector privado se sostiene por “mérito propio”. Uno aseguró que su sector “no está pidiendo subsidios ni condiciones especiales” y enumeró lo que sí pide: baja de tasas e Ingresos Brutos, rutas, puertos, parques industriales y fin de las retenciones mineras.
La dirigencia libertaria toca la misma partitura. Uno de sus diputados nacionales afirmó que “el Estado tiene que dejar trabajar al privado y no meterse en las cosas que el privado puede solucionar”. Luego propuso una mesa con el Ejecutivo provincial para saber “qué se puede traer” y pidió que Provincia y municipios estudien cómo asistir a las pymes. Cuesta encontrar un Estado más presente que en la agenda de quien le pide que no se meta.
Con las tarifas es peor: acusan a la Provincia y los municipios de no bajar “un centavo” los tributos de la factura de luz, cuando ellos mismos admiten que fue la quita de subsidios nacionales la que encareció la energía. La Nación se ahorra el subsidio y la diferencia la paga el usuario.
Todo mientras se desfinancia al Estado. Según el IARAF, la recaudación nacional cayó 3,8% real entre enero y agosto. El Presupuesto 2027 confiesa que la Nación rescindió 1.683 de las 2.339 obras que recibió en ejecución, y la Ruta 52, reclamada por la minería, figura apenas con mantenimiento rutinario.
El mismo Presupuesto trae un ejemplo que lo resume. Ofrece beneficios impositivos a las empresas privadas que tomen la concesión de rutas nacionales, pero con una condición: que las provincias por donde pasan esas rutas también las liberen de pagar Ingresos Brutos y Sellos. Es decir, el oficialismo que reprocha a las provincias no bajar sus impuestos les pide que dejen de cobrarlos no para aliviar al usuario o a la pyme, sino para mejorar el negocio de un concesionario. La Nación deja de poner el dinero para la obra, renuncia a recaudar y, encima, pide a las provincias que renuncien también.
La contradicción de los adláteres del modelo no es retórica: es aritmética. Menos impuestos, déficit cero como dogma y, a la vez, rutas, asistencia y estabilidad fiscal por décadas. Esas cuentas no cierran, salvo que el costo caiga sobre quienes no tienen privilegios fiscales ni lobby.
La receta no es nueva. En 1976, la dictadura presentó su plan económico con un lema: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Se achicó para los trabajadores, cuyos ingresos cayeron un 40% hasta 1980, no para los grandes grupos: en 1982, el Banco Central convirtió unos 17.000 millones de dólares de deuda privada en deuda pública.
El Presidente fue más lejos: “Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, dijo en junio de 2024. El terrorismo de Estado no admite comparaciones y no las hago. Pero la insensibilidad se repite: el Estado que se celebra destruir es el jubilado que espera, la persona con discapacidad cuya terapia peligra, la universidad pública postergada, con leyes insistidas por el Congreso e incumplidas pese a los fallos judiciales. Hay crueldad en festejar esa demolición y cinismo en pedirle que financie la rentabilidad de pocos.
Nadie niega el esfuerzo de quien produce. Pero no hay ruta, parque industrial ni corredor minero que se levante sin el cemento del Estado, por más que el cartel lo firme una empresa privada.
El Estado es la forma que tiene un pueblo de decidir en común qué rutas se hacen y a quién se cuida. Defenderlo no es un gesto ideológico, es una condición del desarrollo. Que nadie se confunda: el mérito también se construye con Estado.
* Militante peronista
