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El Salón Éxodo Jujeño del Cabildo es sede del III Congreso Regional de Cibercrimen, un encuentro de formación e intercambio que convoca a autoridades nacionales, provinciales, especialistas y operadores del sistema judicial para debatir sobre los delitos complejos en redes sociales, internet y dispositivos móviles.
La apertura institucional estuvo encabezada por el gobernador Carlos Sadir, el procurador general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Alejandro Bossatti, la directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales, Daniela Dupuy, y la secretaria general de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal de CABA, Bárbara Moramarco.
El temario abarca la aplicación de inteligencia artificial en pesquisas penales, maniobras trasnacionales de abuso sexual infantil, herramientas procesales informáticas y el régimen penal juvenil. La actividad cuenta con el respaldo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y TikTok.
Enfoque en la evidencia digital y el trabajo interdisciplinario
Durante el acto inaugural, Sadir subrayó la urgencia de fortalecer la preparación del personal judicial y las fuerzas de seguridad ante maniobras complejas como el grooming y las estafas virtuales.
El mandatario advirtió sobre la velocidad del avance tecnológico y la necesidad de sostener instancias continuas de actualización profesional para proteger a los sectores más vulnerables.
Por su parte, Bossatti remarcó que la obtención y preservación de pruebas informáticas resulta clave para sostener las imputaciones penales.
El jefe de los fiscales jujeños enfatizó que la cooperación entre jurisdicciones permite agilizar los requerimientos y superar trabas burocráticas en investigaciones donde la inmediatez es determinante para neutralizar la comisión de delitos.
En la misma línea, Dupuy y Moramarco coincidieron en la relevancia de articular esfuerzos entre las distintas fiscalías del país para compartir recursos técnicos y metodologías de investigación.
Del congreso participan integrantes de la Suprema Corte de Justicia local, magistrados del fuero federal, legisladores provinciales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
