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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, deje de investigarse como presunto enriquecimiento ilícito y sea derivada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
El dictamen argumenta que los elementos reunidos no alcanzan para acreditar un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de su función pública.
La posición de la Fiscalía se basó en la imposibilidad de descartar el descargo presentado por la defensa del exfuncionario, que sostuvo que el capital cuestionado provenía de ahorros de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018.
Aunque las pericias informáticas de la Policía Federal no pudieron reconstruir de forma concluyente la totalidad de las operaciones, confirmaron que las billeteras de criptomonedas eran operadas por el imputado y registraban actividad previa a su llegada al Poder Ejecutivo.
Pese a pedir el cambio de carátula en el expediente que tramita ante el juez Ariel Lijo, Pollicita advirtió que Adorni no fue sobreseído.
El fiscal señaló la existencia de indicios sobre dinero en efectivo, ingresos y activos virtuales que se habrían mantenido al margen de las declaraciones impositivas ante ARCA.
Entre los puntos bajo sospecha figuran la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito, operaciones informales con prestamistas privados y el uso de tarjetas de crédito de colaboradores para consumos personales.
