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La Justicia Federal dictó el sobreseimiento de seis exfuncionarios de la provincia que estaban imputados por presuntas irregularidades en la construcción de una escuela y destrozos en un yacimiento arqueológico en el pueblo de Caspalá. La decisión judicial llega en medio de los reclamos comunitarios por el incumplimiento de los acuerdos de reparación.
El expediente judicial que investigaba el manejo de los fondos destinados a una obra educativa en Caspalá concluyó este miércoles con el sobreseimiento total de la exministra de Educación María Teresa Bovi, la extitular de Infraestructura Educativa María Victoria Martínez Fascio, el arquitecto José Raúl Torrejón, María Cecilia Rotondo, Diego Ignacio Montenovi y el excomisionado municipal Natividad Apaza.
Todos ellos enfrentaban cargos por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos en relación con una partida aproximada de 43 millones de pesos provenientes de Nación cuyo destino nunca fue informado luego de que se paralizaran las obras para las que supuestamente se enviaron.
La resolución fue firmada por la jueza federal María Catalano tras una audiencia de control de acusación en la que los argumentos de las defensas prevalecieron sobre los reclamos por el impacto en el territorio.
El conflicto
El origen de la causa se remonta a noviembre de 2022, cuando el gobierno provincial, en manos de Gerardo Morales, intervino sobre la cancha comunitaria del pueblo con el fin de emplazar allí un edificio escolar. Esto derivó en una protesta de vecinos, tensión social y represión.
Con la excusa de reubicar el espacio deportivo, el gobierno inició trabajos con maquinaria pesada en un terreno privado donde había un antigal de alto valor patrimonial y arqueológico, además de afectar sectores productivos locales.
El reclamo de los pobladores no solo consiguió que se suspendieran todas las obras, sino que en noviembre de 2024 la justicia federal homologó un acuerdo de reparación integral que exigía al Estado provincial restituir la cancha y remediar los daños culturales y ambientales. Pero el gobierno nunca cumplió con las directivas judiciales.
El fallo de la jueza Catalano se fundamenta en la «falta de tipificación legal» de los hechos atribuidos, al considerar que las conductas investigadas no encuadran en los tipos penales endilgados. De este modo, la causa se cierra, dejando un escenario de profundo malestar en las comunidades que continúan reclamando respuestas concretas sobre el patrimonio afectado y los fondos ejecutados.
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