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El fiscal penal Gustavo Araya conduce un allanamiento en la sede central de la Organización Barrial Tupac Amaru, en calle Alvear, en el marco de la causa que investiga la distribución de recursos nacionales para la construcción de viviendas por parte de cooperativas. Según informó a El Submarino Diario el abogado de Milagro Sala, Luis Paz, buscan los convenios firmados por funcionarios provinciales y municipales y también los contratos firmados con los proveedores de materiales.
El procedimiento comenzó cerca de las 11 de la mañana, por personal de la Policía de la Provincia de civil. Por el lado de la Tupac, además del abogado, están en el lugar el diputado provincial del Frente Unidos y Organizados (Fuyo) Juan Mannuel Esquivel, otros integrantes del equipo legal de la organización y referentes de derechos humanos de Jujuy.
Paz precisó que el trámite ordenado por Araya requiere documentación referida a los convenios firmados entre las cooperativas, la provincia y los municipios para la construcción de viviendas. «También se llevaron carpetas de proveedores, porque acá muchos se enriquecieron», señaló el abogado, y agregó: «Valoro que esta fiscalía está mirando la película entera».
En la causa está imputado el exgobernador Eduardo Fellner, por abuso de autoridad y fraude a la administración pública, por haber firmado en 2007 el decreto de creación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encargada de distribuir los recursos nacionales destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas.
También están imputados Luis Cosentini, ex Ministro de Tierra y Viviendas; los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial, Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado, y la dirigente social Milagro Sala.
Todos delitos supuestamente vinculados a irregularidades en el accionar UEP, desde donde se destinaban recursos nacionales a la construcción de viviendas sociales y se debía certificar y controlar las obras ejecutadas por la Red de Organizaciones Sociales, liderada por Milagro Sala.
Los fondos eran librados desde el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, llegaban a la provincia por medio de la cartera local de Infraestructura, para que la UEP ordenara el inicio de las obras, con el control de los municipios, especialmente el de San Salvador de Jujuy, donde se hizo la mayoría de las obras.
Comunicado
La Organización emitió un comunicado en el que advierten que «la justicia de Gerardo Morales sigue con la estrategia de tapar los cada vez más frecuentes conflictos internos de su gobierno, con allanamientos a dependencias de la Organización Barrial Tupac Amaru».
En este sentido, enumeran «los escándalos y renuncias en el Ministerio de Ambiente, las denuncias hacia el intendente radical Raúl Jorge sobre el manejo de basurales y el importante impacto político que tuvo la Marcha Federal».
Advierten además que llamó la atención la llegada casi simultánea de los funcionarios judiciales con los equipos de prensa del multimedio Canal 2, «lo que confirmaría la intención de mediatizar las causas contra la Tupac Amaru entre la opinión pública para distraer la atención después del grave conflicto en el Ministerio de Ambiente, con la tala de árboles en una reserva provincial de Yala, entre otros sucesos que están socavando la imagen de Gerardo Morales entre los jujeños».
