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Un jueves más y nadie puede asegurar que se realice una nueva audiencia del juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, que ventila la causa denominada Nuna Puka (Almas Rojas), pues el Tribunal Oral Federal N° 1 está muy propenso a suspender las audiencias, por diversas razones. Si no hay suspensión, es el turno del alegato de las querellas, que son más de media docena.
De acuerdo a lo previsto, empezarían a alegar Andrea Lupiañez por la agrupación HIJOS y Natalia Fascio por ATE.
La semana pasada se postergó la audiencia por problemas de salud de uno de los acusados, el represor Carlos Alberto Gutiérez, que padece diabetes y neumonía y está internado en el Hospital Pablo Soria.
Las previsiones del Tribunal ya no se van a cumplir, puesto que estaba previsto que esta semana se conociera la sentencia. Las demoras se fueron sucediendo por razones diversas, como problemas de salud de algunos de los acusados o dificultades técnicas. A este ritmo, el proceso judicial podría terminar recién a fines de año.
Hasta ahora, alegaron los fiscales federales Pablo Pelazzo y Domingo Batule, que pidieron penas que van desde cadena perpetua y de 3 a 25 años de prisión para los 13 represores procesados.
La causa Nuna Puka (Almas Rojas) investiga los múltiples delitos cometidos entre agosto y diciembre de 1976 en perjuicio de 17 víctimas, todos militantes del Partido Comunista, la mayoría de la quebradeña localidad de Tumbaya y los restantes de San Salvador de Jujuy.
Los fiscales solicitaron la pena de prisión perpetua para ex teniente del Ejército, Mariano Rafael Braga, y los ex policías Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruiz y Armando Claros, por considerarlos responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, efectuar torturas y tormentos contra la totalidad de las víctimas, además de su participación de los homicidios contra cinco militantes del Partido Comunista.
En tanto consideraron el castigo de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena para los acusados como Alberto Callao y Carlos Alberto Gutiérrez, por el delito de homicidio cometido con alevosía en concurso premeditado en cinco hechos, torturas agravadas además de privación ilegítima de la libertad.
Asimismo demandaron una similar penitencia para Ramón Armando Herrera, apuntado como partícipe necesario en la privación ilegítima de la libertad de doce victimas además y del homicidio en perjuicio de cinco militantes.
Continuando con la exposición pidieron para el ex militar Eduardo Bulgheroni, una pena de 10 años por resultar responsable como autor mediato de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, al igual que Catalino Soto que está acusado de violación de domicilio, robo en poblado y privación ilegítima de la libertad.
Para Jorge Ernesto Mendoza, conocido como el “gaucho Martín” solicitaron la pena de 6 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de un desaparecido.
Finalmente los representantes del Ministerio Publico Fiscal, consideraron penar con 3 años y seis meses de prisión a Federico Colmenares y Teodomiro Félix Batalla, por ser partícipes secundarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad.
Algunas de las víctimas de esta causa, son los detenidos desaparecidos Paulino Prudencio Galeán, Crecente Galeán, Rosalino Ríos, Elías Juan Toconás, Rosa Santos Mamaní, Carlos Villada y Vicente Cosentini.
