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Hugo Yasky, secretario general de la CTA; Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, e Inés Peña, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, declararon este martes en la segunda audiencia del juicio contravencional contra Milagro Sala y la Tupac Amaru por el acampe que tuvo lugar en la Plaza Belgrano entre el 14 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de este año. Los tres coincidieron en reseñar que la protesta fue pacífica y que tuvo como único fin el reclamo de una respuesta a los pedidos de audiencia que se habían enviado al entonces gobernador electo Gerardo Morales.
Además, los tres relataron que fueron testigos de cómo las decisiones se tomaban en asamblea, y remarcaron que la consecuencia de esa legitima medida de fuerza, garantizada por la Constitución Nacional, fue la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala y el desmantelamiento de la organización barrial y de sus obras.
En efecto, tras conocerse los resultados electorales el 25 de octubre de 2015, los dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales presentaron tres notas al entonces gobernador electo con el fin de abrir una instancia de diálogo ante la preocupación por la continuidad de las fuentes laborales de 20 mil cooperativistas. La primera se entregó el 24 de noviembre, la segunda el 30 de ese mismo mes y otra posterior a la asunción de Morales, en el Poder Ejecutivo provincial.
Ante la falta de respuestas, los representantes de la ROS denunciaron que les llamaba la atención «que el gobernador, que planteó que iba a tener una política de diálogo, no respondiera a los pedidos de quienes representamos a un amplio sector de la sociedad jujeña», y remarcaron que se estaban usando los canales formales para la resolución de conflictos, «sin tener por parte del nuevo gobierno provincial una actitud de la misma naturaleza».
Al momento de declarar en el juzgado contravencional, Yasky reclamó ante Matias Ustarez Carrillo -el funcionario administrativo designado por Gerardo Morales en enero y que lleva adelante el proceso contravencional contra Milagro Sala- que la detención de la diputada del Parlasur «constituyó un acto de gobierno impropio de la democracia porque no se puede detener a alguien por protestar pacíficamente». En ese marco, recordó todas las resoluciones internacionales, entre las que nombró las de las Naciones Unidas, la de la Comision Interamericana de Derechos Humanos y las de la OEA, entre otras, además de la de primeros mandatarios como Evo Morales o Justin Trudeau, que repudiaron la medida y exigieron la inmediata libertad de la dirigente social.
«El acampe se realizó ante la falta de respuestas al pedido a una entrevista para el inicio de un dialogo que permitiera tener claro cuales iban a ser los ámbitos de interlocución y los canales para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo. El acampe es una medida pacífica, de resistencia, que en la cultura social de los argentinos tiene un voltaje menor que otras acciones que se realizan habitualmente y que no generan la detención de una persona», explicó el secretario general de la CTA. Y señaló que en diciembre «había una situación nueva en Jujuy, con la incertidumbre que vivian todas las organizaciones. En las distintas provincias esas incertidumbres se fueron canalizando con reuniones con las nuevas autoridades, pero acá no había interlocución y, a partir de la falta de respuestas, en asamblea y aprobado por unanimidad, se resolvió hacer el acampe», aseguró.
Yasky también recordó: «Un efecto del acampe que nos produjo estupor fue la decisión intempestiva de detener a Milagro. Yo, personalmente, participe de la Carpa Blanca y estuvimos mas de tres años. Nunca sufrimos una detención, a pesar que ocupábamos el espacio público y hacíamos actividades».
A su turno, Pietragalla puso como ejemplo que en la Plaza de Mayo, desde hace mas de siete años, hay un acampe, que hubo reuniones con los distintos gobiernos y a nadie se le ocurrió reprimir o detener a nadie por esa medida. «Está en la Constitución Nacional el derecho a ejercer la protesta para ser oído por los representantes», dijo. Tambien indicó que las decisiones se tomaban en asamblea, y que eso era algo que siempre le había llamado la atención respecto a las organizaciones sociales que integraban la Red. A su vez, y en el mismo sentido que los otros testigos, ratificó que la causa de la protesta fue la falta de dialogo por parte del gobierno provincial.
Ines Peña, en tanto, se definió como «una compañera de lucha de Milagro Sala», y relató que participó activamente del acampe en Plaza Belgrano desde el inicio. «Uno de los motivos que ocasionó la medida fue la preocupación de los cooperativistas por la continuidad de las fuentes de trabajo porque no había respuestas del gobierno. El acampe lo llevó a cabo la gente que estaba ahí y que decidía en asamblea sobre la continuidad o no de las medidas», aseveró en línea con lo expresado por todos los testigos. Consultada sobre el rol de Milagro Sala por parte del departamento contravencional, Peña dijo que la dirigente social «conciliaba posiciones para que no haya violencia y sea pacifico». También destacó que tanto las movilizaciones, los acampes, así como también los escarches son medidas legitimas y valederas en la lucha que fueron implementando los organismos de derechos humanos en su lucha por la memoria, la verdad y la justicia y que quedaron instalados como prácticas en la historia de la sociedad argentina.
Pasadas las 20 horas, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 29 a las 17 horas, momento en que se escucharán los alegatos, las palabras finales de Milagro Sala y luego el veredicto.
