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La diputada provincial Alejandra Cejas (PJ-FPV), presentó un proyecto de ley para equiparar los sueldos entre funcionarios del Ejecutivo provincial y los empleados públicos. La iniciativa tiene como objetivo evitar la discrecionalidad y “el escaso criterio que reina en materia salarial en relación a la liquidación de sueldos de los funcionarios públicos y lo que efectivamente perciben los agentes del estado”.
“Es de público conocimiento que desde que se inició la nueva gestión, en diciembre de 2015, los funcionarios públicos recibieron una serie de aumentos que no condice en nada con la recomposición salarial otorgada a los empleados públicos provinciales. El gobernador, su gabinete de ministros y funcionarios de alta categoría, recibieron aumentos que oscilaron el 40 por ciento de lo que venía liquidando la administración anterior”.
Resaltó que “cuando este tema salió a la luz, el propio gobernador intentó desmentir las noticias aduciendo que dichos incrementos provenían de un decreto emitido en el año 2010 por el entonces mandatario provincial Walter Barrionuevo”. Recordó que Gerardo Morales negó de manera contundente que sus honorarios superasen los 80 mil pesos, “sin embargo los aumentos existieron y se vieron reflejados en las redes sociales, que difieren en lo manifestado por el mandatario”.
La legisladora agregó que algo que agravó la situación fue la liquidación de sueldos de los funcionarios por afuera de la órbita estatal. En su momento se denunció que los mismos estaban siendo liquidados por un estudio privado y ello motivó los pedidos de informes efectuados por distintos sectores que nunca fueron contestados.
Hace algunas semanas esto fue ratificado por la secretaria general de APOC, Susana Ustárez, quien adujo que esta situación persistía a febrero de este año y que la gravedad del hecho es que nuevamente esas liquidaciones de sueldos gubernamentales no estaban siendo sometidas a ningún organismo de control del Estado”.
Explicó que esta situación provocó un gran descontento entre los empleados estales, que al tomar conocimiento de la misma, se sintieron seriamente agraviados debido a las duras negociaciones de paritarias que tuvieron que atravesar durante el año pasado, recibiendo apenas un aumento mínimo del 22%. En este nuevo año todavía los gremios esperan la negociación paritaria y sostiene con firmeza que el salario de los empleados estatales no coincide con el monto de una canasta familiar, que actualmente ronda los 12 mil pesos, mientras que salario mínimo vital y móvil desde el 1 de enero del corriente se ha establecido en 8.060 pesos.
Cejas precisó que el proyecto de su autoría apunta a establecer un tope máximo para los aumentos de remuneraciones del gobernador y funcionarios públicos de Poder Ejecutivo provincial. “De esa manera, se busca atraer también aumentos para el sector de empleados estatales tratando de lograr una cierta equidad”, apuntó.
La iniciativa tiene por objeto equiparar los aumentos de las remuneraciones del gobernador y los funcionarios con el sueldo de un empleado público de categoría 10, y establecer un techo salarial equivalente a cinco salarios del escalafón más bajo de un empleado público provincial, adecuando todas las escalas salariales a lo que se fije por ley.
