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La Cámara de Diputados de la provincia realizó este jueves dos sesiones, una especial y una ordinaria. En la primera, se designaron jueces para la capital y para el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy; en la ordinaria se calentó el ambiente, hubo fuego cruzado y se pidieron cuestiones de privilegio contra el vicegobernador Carlos Haquim y contra el secretario de Comunicación, Raúl Garcia Goyena. También harán un pedido de informes sobre el atropello a la autonomía universitaria y la detención ilegal de dos estudiantes, y otro sobre el supuesto pedido de dávidas a un empresario de la construcción por parte de un funcionario.
Oficialistas y opositores se pasaron la tarde lanzándose misiles verbales de un lado a otro del recinto. Hubo también algunas chicanas y descalificaciones. Uno de los momentos interesantes se dio cuando diputado Juan Cardozo Traillou (FPV-PJ) pidió una cuestión de privilegio contra el vicegobernador Carlos Haquim, que fue enviada esta tarde a la Comisión de Asuntos Institucionales para su análisis.
Cardozo denunció al también presidente de la Legislatura por apreciaciones lesivas hacia su persona. “En las últimas semanas he sido objeto de ataques y descalificaciones consecutivas que emergieron del despacho de Haquim; he sido atacado en lo personal, y sistemáticamente le ha faltado el respeto a mi función”, argumentó, y amplió: «No es posible que todos los días se lo escuche al presidente de la cámara agredir y descalificar a cualquier persona en cualquier ámbito”.
Repudio general
La irrupción policial en la Facultad de Ciencias Agrarias y la detención de dos estudiantes, que sufrieron además apremios ilegales en la Comisaría 1ra., fue otro de los temas centrales de la sesión. Aquí hubo menos debate, y salió un repudio unánime mediante una Resolución, además de un pedido de informes dirigido al Ejecutivo provincial.
La diputada del bloque Eva Perón, Patricia Armella, calificó a los hechos en Agrarias como «una clara violación a la autonomía universitaria» y un «acto de violencia institucional».
El legislador del Fuyo Juan Manuel Esquivel adhirió a esas palabras y se sumó a la solidaridad expresada hacia los estudiantes detenidos. «No solo repudiamos lo sucedido, sino que pedimos que se repare la situación de Ignacio García y Joaquin Quispe», señaló, y remarcó que mas allá de la renuncia del jefe y subjefe de la Policía, «hay que investigar en la cadena de mando a todos los responsables».
En igual sentido, Alejandra Cejas, del bloque Justicialista, destacó la necesidad de modificar el Código Contravencional de la provincia para evitar este tipo de acontecimientos. «Lo que sucedió es parte del autoritarismo de este Gobierno; pedimos un acto de desagravio para con los estudiantes y docentes universitarios y comenzar el debate de la modificación del Código Contravencional».
Cejas expuso también el rechazo rotundo a la «liviana posición» asumida por el gobierno ante este acontecimiento, criticando el tuit escrito por el gobernador Gerardo Morales varias horas después del episodio.
Explicó que el pedido de informes que presentó su bancada por este tema se elaboró con la idea de determinar responsabilidades del Poder Ejecutivo, y puso en tela de juicio el proceder de la Policía, a partir de instrucciones superiores, con respecto a la interpretación del Código Contravencional.
La legisladora recordó que el año pasado su bancada presentó un pedido de informes para determinar las responsabilidades por la muerte de una adolescente durante el desarrollo de una fiesta privada en la localidad de Yala. “Ese pedido nunca fue aprobado por el oficialismo porque la organización de esa fiesta estaba a cargo de un exfuncionario del actual gobierno provincial”, aseveró, y señaló que “en ese hecho no se aplicó el Código ni actuó la Policía con la virulencia que lo hizo frente a estudiantes universitarios”.
“Parece que estos apremios forman parte del accionar de aprietes que lleva a cabo el gobierno provincial», estimó Cejas, y pidió: «Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo, porque los hechos acaecidos en las últimas semanas, incluyendo un video de un funcionario del área de Comunicación tratando de disciplinar a periodistas de nuestro medio, muestran excesos que son peligrosos y propios de otras épocas”.
Luego cuestionó la manera en que expresó su repudio por este hecho el gobernador Morales, a través de un mensaje en Twitter, señalando que «la sociedad y sobre todo los estudiantes que fueron víctimas del atropello policial requieren un acto de desagravio y explicaciones más profundas que un posteo vía internet».
«Es lamentable que Jujuy siga siendo mirado por ojos nacionales e internacionales por los graves hechos que se están produciendo -continuó Cejas-; pero parece que nada, absolutamente nada, los llama a la reflexión, y siguen en el camino de la represión y el autoritarismo, apuntando a aquellos que no piensan lo mismo que este gobierno”.
A su turno y en sintonía con las expresiones del gobernador, el presidente del bloque oficialista, Alberto Bernis, ratificó el rechazo al accionar policial, señaló que bregarán para que se profundice la investigación de lo sucedido y que irán «hasta las últimas consecuencias contra los responsables».
Otras cuestiones
En la sesión especial se aprobó la designación de Liliana Pellegrini como jueza especializada en violencia de género y de Esteban Arias Cau, Ana Sapag y Elba Cabezas como jueces en lo Civil y Comercial.
En la ordinaria se aprobaron diversos proyectos de Declaración y se dio ingreso a más de cuarenta proyectos de ley, entre ellos tres del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se aprobó sobre tablas una solicitud de informes referido al audio del supuesto pedido de dádivas a un empresario de la construcción, que propuso el justicialismo, e ingresó un proyecto de resolución para la creación de una comisión investigadora de obra pública, iniciativa del bloque Peronista.
