La prohibición de importación de ropa usada afecta a más de 15 mil jujeños

La prórroga por cinco años de la prohibición de importación de ropa usada afecta en la provincia de Jujuy a más de 15 mil puestos de trabajo, directos e indirectos. Este jueves habrá una marcha para reclamar medidas que protejan no solo el trabajo de estos vendedores sino la posibilidad de acceder a indumentaria para los sectores más empobrecidos. Marcelo Cabero, referente de la Asociación de Trabajadores Ambulantes y Vendedores Independientes (Atavi), advirtió en diálogo con El Submarino Radio: “No están contemplando la realidad social y económica». 

Así es como para este jueves está prevista una movilización desde la zona de la vieja terminal hasta la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. “Esperamos que el municipio tenga alguna solución pensada de antemano”, adelantó Cabero.

La marcha saldrá de Dorrego e Hipólito Yrigoyen a las 9 de la mañana, de allí pasará por el Ministerio de Educación para apoyar el reclamo de casi 500 capacitadores que esperan una respuesta, y luego movilizará en una sola columna hasta la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La preocupación es grande, porque la prohibición de importación de ropa usada perjudica de manera más profunda al eslabón más delgado de la cadena: los vendedores. “Ya no se va a poder vender, es la prohibición total”, advirtió el dirigente, y precisó que esta medida afecta a más de 15 mil puestos de trabajo en la provincia, directos e indirectos, no solo a los ubicados en la zona de la vieja terminal, sino además los de las ferias de Alto Comedero, El Progreso, las de Perico, Monterrico y todo el resto del territorio provincial. 

“No están contemplando la realidad social y económica”, interpretó el dirigente, y alertó: “Yo me pregunto dónde se va a vestir la gente más pobre, que no puede ir a comprar a los negocios del centro, porque ya nadie se puede comprar un pantalón de 1500 pesos; ese nivel de consumo ya no existe en Jujuy”.

En este contexto es que moviliza la Mesa de Trabajo de Movimientos Sociales, que está integrada, entre otros, por Atavi, la CCC, Garganta Poderosa y la Corriente del Pueblo. Cabero destacó que esta Mesa viene obteniendo logros, como el aguinaldo social que consiguieron el año pasado. 

A la Municipalidad le van a reclamar varias cosas, empezando por que se inicien obras para las cooperativas, “porque ellos dicen que no se puede vender en la calle pero tenemos a las cooperativas con menos trabajo”, explicó Cabero. 

Además pedirán que aceleren los permisos para los trabajadores con antigüedad, para los que más necesitan, y predios para la realización de ferias populares. También la urbanización de asentamientos y barrios de la ciudad, porque hay gente que no tiene los papeles entonces no le construyen nada. “No puede ser que el estado no se haga cargo de las familias que no pueden construirse un baño, ni siquiera una piecita”, señaló.  

Pero no solo esto. Van a reclamar también mercadería para comedores y merenderos. “Este gobierno dice que ya no hay hambre, que los índices de pobreza disminuyeron, según la Dippec, y que entonces no son necesarios los comedores ni los merenderos”, detalló Cabero, y agregó: “Nosotros decimos que la pobreza debe haber disminuido para ellos porque se han aumentado los sueldos tres veces desde que empezó este gobierno, pero la gente ve deteriorada su economía y hay quienes esta pasando hambre”.

“Nosotros no lo veíamos, los ambulantes jamás en la vida andaban detrás de un bolsón, y ahora te golpean la puerta y te piden mercadería porque no tienen para comer porque le han reducido el horario de trabjo”, describió.

El problema es que la nueva disposición municipal es que trabajen tres horas por día, rotándose en un mismo lugar. “Piensan que con esas tres horas es suficiente para mantener a una familia; nos parece una burla”, sentenció Cabero.

Advirtió que si no hay respuesta las medidas serán cada vez más contundentes. “Al principio movilizábamos 50, 100, 300 compañeros, pero ahora con Atavi movilizan más de 500. Que se den cuenta de que ellos son los que nos hacen crecer, porque ellos están generando más pobreza y esa gente no tiene más alternativa que salir a luchar”, afirmó.  

“Les pedimos a los sindicatos que se sumen a nuestra lucha –convocó- porque los sindicatos están muy adormecidos, muy quietos. Tienen que salir, moverse, manifestarse. Entendemos que tienen un problema por lo del descuento de los días de paro, pero tienen que salir igual y  marchar”.  

El decreto

El gobierno nacional oficializó la prohibición de la importación por cinco años de indumentaria y productos textiles usados mediante el decreto 333/2017, publicado en el Boletín Oficial, que argumenta que la importación de estos productos «supone un riesgo para la salud y la seguridad pública y el medio ambiente en general».

El artículo primero establece la prohibición por cinco años la importación para consumo de las mercaderías usadas comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6309.00.10 y 6309.00.90. Se trata de prendas y complementos (accesorios) de vestir, y sus partes.

La medida exceptúa a las entidades públicas y privadas sin fines de lucro que reciben donaciones de este tipo de mercaderías, las cuales deberán estar inscriptas en un registro espacial, acreditar una antigüedad no inferior a dos años, y justificar el destino de cada una de las donaciones que reciben.

En tanto, desde la Secretaría de Comercio aclararon: «La prohibición de importación de ropa usada que salió publicada en el Boletín Oficial en el día de hoy (por este lunes), reestablece una medida que fue originalmente contemplada en el año 1991 y sucesivamente prorrogada por distintas normas».

«Se focaliza puntualmente en prendas textiles con señales apreciables de uso y que ingresen a granel. Es decir, prendas de las que no se puede identificar si fueron desinsectadas, desinfectadas, desratizadas, etc. En tal sentido, es una medida con fundamento de carácter sanitario», consideró la Secretaría de Comercio.