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Este lunes desde las 16 se realiza la tercera audiencia del juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy. La lentitud con que se desarrolla este proceso preocupa sobre todo a las víctimas y familiares de víctimas, y organismos de derechos humanos. La primera audiencia fue el 15 de mayo, y esta tercera audiencia llega casi un mes más tarde. Además, el Tribunal ya adelantó que la próxima será recién el lunes 29 de mayo.
En la audiencia anterior, que fue el 30 de mayo, el Tribunal decidió suspender tras una serie de inconvenientes relacionados con problemas de organización y con el estado de salud de algunos imputados. Llegó a testimoniar uno de los acusados, que se declaró ajeno a los hechos que se le imputan.
En este proceso se ventila la llamada causa Morales, que investiga la detención ilegal de cinco víctimas ocurridas entre 1976 y 1977 en la ciudad de San Pedro. Uno de los secuestrados permanece como desaparecido.
Los acusados en este juicio son seis expolicías provinciales que actuaban en esa ciudad. Están procesados por los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, con distintos grados de participación. Uno de ellos además carga con una imputación por homicidio. Por primera vez está sentada en el banquillo una mujer.
El proceso judicial se realiza en la nueva sala del Tribunal Oral Federal de la avenida Senador Pérez 182 de San Salvador de Jujuy. El Tribunal esta integrado por Federico Díaz como presidente de trámite y los vocales María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas. Este último sigue el juicio desde Tucumán, por videoconferencia.
Hubo algunas quejas por la organización del espacio. El Tribunal, los acusados, los fiscales, las querellas y las defensas están en una sala del primer piso, mientras que el público y familiares –tanto de víctimas como de acusados– fueron ubicados en un salón de la planta baja, desde donde se sigue el proceso a través de un televisor.
Uno de los problemas que presenta esta distribución es el del espacio reducido. El otro, la convivencia de representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, con los allegados de los acusados. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que se dispongan espacios diferenciados, para respetar el derecho a manifestarse de cada uno, pero todavía no hubo respuesta positiva a ese pedido.
Los abogados querellantes son María José Castillo y Andrea Lupiañez, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y Paula Álvarez Carreras, querella particular. El Ministerio Público Fiscal está representado por Carlos Amat y Julieta Soulie.
Por el lado de las defensas actúan Ricardo Vitellini, como defensor particular, y Matías Gutiérrez Perea y Maximiliano Ponce, de oficio. Otro defensor particular, Carlos Rodríguez Vega, no estuvo presente en esta primera audiencia, por lo que fue reemplazado por Vitellini.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En relación con el hecho del que fueron víctimas estos tres jóvenes, hay otra causa abierta por la violación de Garnica y Valenzuela.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.
En el caso de Valenzuela, el tercer detenido en este episodio, fue trasladado a una caballeriza donde recibió torturas con picana.
El comisario Arturo Rubén Morales era el jefe de la Seccional 9 y, de acuerdo a los testimonios, quien comandaba al grupo.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
