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Representantes de pueblos originarias se hicieron presentes en la mañana de este jueves en la Legislatura provincial para recordarles a los diputados sus demandas, que aún no son escuchadas, y denunciaron que siguen los ataques y el hostigamiento a integrantes de las comunidades. Mientras esperaban para ser atendidos -cosa que no ocurrió- la policía los intimó a que quitaran el cartel que habían puesto en la puerta.
“Venimos con mandato de la asamblea del día martes, en la cual las autoridades indígenas hemos redoblado los esfuerzos y retomado todas las actividades e iniciativas que venimos realizando con el objetivo de conseguir la prórroga de la ley 26160”, explicó a El Submarino Radio (91.5) Jorge Angulo, representante de pueblos originarios.
La ley 26.160 es la norma nacional que declara la emergencia territorial, cuya prórroga ya tiene media sanción del Senado y ahora debe ser tratada por la cámara baja. La extensión de la emergencia es una demanda de comunidades de todo el país, pues implica que se mantiene la prohibición de desalojarlas de las tierras que ocupan.
“Hay hermanos nuestros que todavía están en Buenos Aires. Allá han vuelto a instalar el acampe, debido a que hay incertidumbre, porque los diputados nacionales han mandado mensajes de que no van a sesionar hasta después de las elecciones”, relató Angulo.
Esta posible demora genera preocupación. El comunero explicó: “No podemos esperar mientras hay situaciones como las que se han presentado en nuestra asamblea, nuevamente casos de amenazas, de agresiones físicas”.
Angulo relató una situación concreta que ocurrió el último fin de semana, que fue relatada en la asamblea del martes: “Hermanos de Finca el Pongo, productores de las comunidades, han sido golpeados por funcionarios arrenderos que responden a la administración. Un hermano de Guerrero vino a denunciar otra vez la amenaza de terratenientes como Jenefes, cuando hacía su función de relevamiento en las comunidades”.
“El comunero nos relata que fue a notificar como comunidad indígena sobre la construcción de algunas casas en el territorio de la comunidad, y para criminalizar al hermano dijeron que fue con armas”, completó, y confirmó que ya fue hecha la correspondiente denuncia policial.
Esta mañana, en momentos en que esperaban en la puerta de la Legislatura, la policía les pidió que quitaran los carteles que habían puesto para visibilizar sus reclamos. “No lo vamos a sacar, es lo que pedimos las comunidades de todo el país y no hay ninguna violencia, solo ejercemos nuestro derecho. Y esta es la casa de todos, queremos hablar y nada más. Tenemos el derecho de poder ingresar”, dijo Angulo.
En tanto, este sábado las comunidades originarias inician una caminata en Coranzulí, en el departamento de Susques, que finalizará el jueves 12 en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno. Reclaman el fin del hostigamiento y la violencia contra comuneros, la prórroga de la ley nacional 26.160 y la derogación de la provincial 5915, que dispone el uso de tierras de comunidades para la instalación de un parque solar.
