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Aunque la querella y la familia de Ivo Torres esperaban que los alegatos finales y el veredicto llegaran el próximo primero de junio, el Tribunal dispuso la realización de una inspección ocular en el lugar del hecho.
El acusado es el sargento primero del Escuadrón 21 “La Quiaca”, Walter Daniel Álvarez, quien llegó al juicio oral imputado por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego”.
La inspección ocular, solicitada por su defensa, postergará los plazos de cierre del debate oral que se lleva adelante en por el crimen del joven de 22 años, asesinado en La Quiaca en febrero de 2025.
El abogado de la familia de la víctima, Carlos Espada, confirmó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la etapa de declaraciones testimoniales de la fiscalía y la querella concluyó por completo tras la tercera audiencia, y que restan muy pocos testigos de la defensa antes de concretar la medida en el terreno.
«Esto fue pedido por la defensa en virtud de posibilitar un ejercicio amplio de su derecho. Nosotros entendemos que es innecesario, pero tampoco creemos que nos reste», señaló el letrado.
Para la querella, las pericias técnicas y balísticas presentadas en las últimas jornadas ya aportaron la claridad geográfica suficiente sobre el hecho ocurrido en la zona fronteriza de La Quiaca.
Según detalló Espada, los informes dan cuenta con exactitud del lugar desde donde se efectuaron los disparos y la escasa distancia que existió respecto al punto donde terminaron la motocicleta y el cuerpo de Ivo, por lo que estiman que la reconstrucción sobre el terreno solo ratificará la acusación.
Una medida para discutir la intencionalidad
Que el gendarme Álvarez fue el autor material del homicidio ya no está en discusión, dado que las pericias balísticas confirmaron de manera unánime que el proyectil que causó la muerte provino de su arma reglamentaria.
La estrategia de la defensa al solicitar la inspección ocular apunta a sostener que el gendarme «mató sin querer» mientras intentaba evitar que el joven huyera en su moto.
Sin embargo, desde la querella confían en que la visualización del escenario reafirmará que existió una clara intención de matar.
«Quedó acreditado que esta persona tenía entrenamiento militar, sobre todo en el uso de armas de fuego», señaló Espada, y detalló que de los 15 cartuchos que había en su cargador quedaron solo 6. «Casi lo vació», indicó.
Las pericias demostraron además que los disparos se realizaron por la espalda del joven, que dos de los proyectiles impactaron en su cuerpo, uno en su mochila y otro en la motocicleta.
El dato más contundente que la querella reforzará durante la inspección es que el recorrido de la bala mortal ingresó por la espalda de la víctima y salió por el frente, sumado a que existía una orden explícita de un oficial superior que prohibía abrir fuego durante el operativo.
«En mérito de todas estas circunstancias, la verdad que no resulta creíble para nadie que solo se intentara imposibilitar la huida. La inspección nos servirá aún más para afianzar nuestra teoría de la intencionalidad», argumentó Espada.
A las puertas de la perpetua
A pesar del cambio de agenda que introduce la medida dispuesta por el Tribunal, la representación de la familia Torres se mostró optimista con el rumbo del juicio.
El debate técnico se encamina a definir si se sostiene la calificación penal con los agravantes de alevosía y la condición de funcionario de una fuerza de seguridad de Álvarez. De confirmarse estos elementos, el acusado enfrenta una pena única de prisión perpetua, desplazando la escala menor de 8 a 25 años establecida para el homicidio simple.
«Teníamos muchas expectativas de hacer los alegatos finales el día primero y ya ir encontrando un cierre a todo esto. Nos demorará un poco por la inspección ocular, pero ya iniciamos el debate y lo importante es que vamos encaminados a la justicia», concluyó el abogado querellante.
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