Policías federales allanaron la noche del sábado el sector de las residencias de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad rionegrina de General Roca. Es la cuarta vez en el año que policías ingresan en universidades públicas: ocurrió lo mismo en Jujuy en abril, en Rosario en octubre –cuando se realizaba un acto por Santiago Maldonado– y en Mar del Plata en junio.
El operativo se realizó con una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Hugo Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley. Los efectivos, que dijeron realizar el operativo en busca de marihuana entre los estudiantes, ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras, según se informó desde la comunidad educativa. Una vez dentro de las habitaciones, esposaron y tiraron al piso a los estudiantes. Una joven que se estaba duchando fue obligada de manera agresiva a salir del baño y no se le permitió vestirse mientras la policía revisaba el lugar.
Fuentes de la universidad informaron también que los estudiantes fueron mantenidos durante todo el operativo incomunicados, no dejaron entrar a los abogados y nunca se pidió autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria.
El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andrés Ponce de León, expresó su “preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina en las residencias universitarias” de la Universidad Nacional del Comahue. Agregó que “la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba la firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaria ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la facultad. Y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes”.
“Exigimos el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad”, concluyó el decano Ponce de León.
La violación de la autonomía universitaria por parte de las fuerzas de seguridad se reiteró en todo el país durante el último año. En abril irrumpieron policías locales en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y detuvieron a dos estudiantes. En junio, la Prefectura Naval hizo lo propio en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en octubre una patrulla de la Gendarmería Nacional ingresó en la Universidad Nacional de Rosario, cuando un grupo de estudiantes realizaba un acto por Santiago Maldonado, en un predio que comparten cuatro facultades de la casa de estudios marplatense.
Haciéndose eco del accionar de las fuerzas de seguridad, el secretario general de ATE Río Negro y líder de la CTA Autónoma local, Rodolfo Aguiar, señaló: “Enfrentamos una sistemática pérdida de garantías constitucionales y el Estado de Derecho se reduce a una mínima expresión”.
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