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Las repercusiones por el caso de la niña de 10 años violada a la que le fue negado un aborto por las restricciones que impone la legislación salteña surtieron su efecto. Este mediodía, el gobernador anunció vía Twitter que su provincia adhirió hoy al protocolo que estableció la Corte Suprema para “evitar cualquier contradicción de normas que impidan la toma de decisión de las víctimas”.
La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 24, 2018
Producto de las críticas, el gobernador de Salta debió dar marcha atrás y modificar la legislación de esa provincia que imponía restricciones a la práctica del aborto legal, por motivos de violación o de peligro de vida de la madre. Tras el repudio generalizado por la decisión de impedirle a una niña de 10 años, violada por su padrastro, acceder a un aborto seguro, Juan Manuel Urtubey adhirió hoy a través del decreto 584/18 al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado por la Corte Suprema de la Nación. Ahora la niña podrá decidir sobre si continuar o no con el embarazo.
“La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación”, resaltó en el primero de sus tuits respecto su decisión de volver a la legalidad y aceptar el fallo FAL de la Corte Suprema que no pone plazos para que una mujer pueda acceder al derecho de la interrupción del embarazo en caso de violación.
Aclaró que tomó esa medida “frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo”.
En línea con el reclamo del movimiento de mujeres en contra del restrictivo decreto, el gobernador salteño reconoció que en la decisión “se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”.
