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En la audiencia preliminar de la causa Pibes Villeros, en la que está acusada de asociación ilícita Milagro Sala, se reveló que el fiscal anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, que actúa como querellante, no estaba habilitado para ejercer como abogado hasta el martes pasado, cuando el Colegio de Abogados expidió su matrícula.
En esta causa están imputados, además de Sala, una treintena de cooperativistas y exfuncionarios. Distintas defensas solicitaron al tribunal la nulidad de todo el proceso o al menos en los actos en los que intervino Millón Quintana.
También cuestionaron al Ministerio Público de la Acusación, encabezado por Sergio Lello, por haber presentado un requerimiento de elevación a juicio «impreciso, genérico, vago y fuera de los requisitos de tiempo, lugar y modo en que se imputan los delitos a los acusados».
En diálogo con La García, uno de los abogados de Milagro Sala, Matías Duarte, precisó: «Planteamos que la causa es nula porque se sustanció con un código procesal que no correspondía según la fecha de los hechos fijada en la acusación del Ministerio Público de la Acusación». Indicó que, de acuerdo a la acusación, los hechos ocurrieron cuando aún estaba vigente el código que dejó de regir el 31 de agosto de 2011.
Sobre este mismo punto, la abogada Paula Álvarez Carreras, puntualizó que de acuerdo a la fecha de los hechos denunciados en la causa, «deberían ser investigados por un juez de instrucción».
Otro de los planteos de las defensas es el referido a la falta de precisión en la acusación. «La omisión de describir adecuadamente los hechos por los cuales se somete a una persona a un proceso penal, impide que se pueda defender -detalló Duarte-. Eso ha sucedido con Milagro Sala, a quien se la acusa de liderar una asociación ilícita de la que no se define la fecha en que empezó a funcionar, cómo funcionó, ni tampoco se definen fechas en las que habrían sucedido hechos vinculados con la extorsión. En esas condiciones es imposible que su defensa técnica pueda asistirla en el debate oral».
«Se habla de delitos sin aclarar con qué fines se habrían cometido, no sabemos qué hechos, qué conductas ni en qué año se cometieron la defraudación o la extorsión como parte de la asociación ilícita», señaló Álvarez Carreras.
Por otro lado, las defensas pidieron investigaciones suplementarias para obtener precisiones. «Ofrecimos pruebas de investigación, porque por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación formula que esta asociación ilícita nunca realizó obras o realizó escasas obras, cuando es de público conocimiento las obras que se realizaron en toda la provincia. Por esto es que pedimos pericias contables para que se registre el valor de esas obras», detalló Álvarez Carreras.
Más allá de estas cuestiones, el planteo defensivo que sorprendió a los presentes en el salón Vélez Sársfield fue el referido al titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana. Claudia González, también abogada defensora, indicó: «Se pidió la nulidad de toda la actuación del doctor Millón Quintana porque no estaba habilitado para ejercer como abogado».
Recordó que al frente de la Oficina Anticorrupción solo puede ser designado un abogado o contador, y que en ambos casos deben tener habilitada la matrícula por al menos ocho años antes, si es contador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y si es abogado del Colegio de Abogados. Por otro lado, el designado debe tener una antigüedad de residencia en la provincia de diez años. «En el caso de Millón Quintana es de público conocimiento que no reúne ninguno de los dos requisitos», afirmó González.
Lo sorprendente es que, tal como reveló Juan Cabezas, defensor de Alberto Cardozo, Millón Quintana obtuvo su matrícula el 5 de junio del año 2018, es decir, apenas 48 horas antes de la realización de esta audiencia. «Justamente al haber solicitado la matrícula, queda demostrado que reconoce expresamente que la necesitaba», interpretó González, y agregó: «Pero eso no subsana los actos en los que intervino con anterioridad, que son nulos de nulidad absoluta».
«Yo creo que en esta causa se trata de barajar y dar de nuevo en todos los actos que intervino como titular de la Oficina Anticorrupción una persona que estaba inhabilitada», continuó la abogada, y completó: «Para que la gente lo entienda, es como si hubiera intervenido un médico sin la habilitación para ejercer como tal».
La audiencia finalizó cerca de las diez de la noche, tras casi seis horas de exposiciones. Promediando la tarde, Milagro Sala tuvo que ser asistida por una descompensación y fue trasladada a la casa de El Carmen donde cumple prisión domiciliaria. Su esposo Raúl Noro, quien también está imputado en esta causa como integrante de la supuesta asociación ilícita, confirmó que se encontraba descansando.
