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La Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia) advirtió que la compensación de 10 mil millones de pesos a las distribuidoras de gas que el Ejecutivo decretó cobrar en cuotas “tiene un impacto no sólo en el presupuesto familiar sino también en los comercios, las empresas y las industrias”.
Cuestionó así el aumento retroactivo que dispuso el Gobierno en las tarifas de gas por considerar que vuelve “insostenible” el desarrollo del modelo productivo y de calidad, además de que conduce al cierre de plantas y comercios.
“Los empresarios y productores deben reaccionar porque esto va a llevar a que se cierren plantas y comercios. Estos costos hacen insostenible el manejo de cualquier actividad económica. Y los consumidores también deben reaccionar porque estas decisiones políticas afectan el bolsillo de una manera muy significativa”, manifestó la organización en un comunicado firmado por su secretario general, Pedro Wasiejko.
Agregan que «además del aumento de los costos fijos (incluido el incremento del 1700 por ciento del gas desde 2015) y la marcada reducción de la actividad, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores lleva a una caída de ventas que se traduce en suspensiones y despidos. Si a esto se suma la política del Banco Central de incremento de la tasa de referencia al 74 por ciento, el modelo productivo hoy en el país es insostenible”.
En el texto publicado en la web del sindicato y en su página de Facebook, Fetia explicó que la caída del poder adquisitivo afecta no sólo a los trabajadores sino también, “y en forma directa, al mercado interno”, luego de resaltar que la incidencia del gas era de un 1 por ciento en los ingresos de trabajadores registrados, pero que ahora “no es menor al 10 por ciento”. “Y si sumamos además el incremento en el transporte, la electricidad, el agua, se destinan al pago de los servicios alrededor del 25 por ciento de los ingresos”, amplió.
Tras la defensa de la iniciativa oficial hecha no solo por el secretario de Energía, Javier Iguacel, sino también por el propio presidente Mauricio Macri, que ya fue denunciada por el Cepis y por el fiscal Guillermo Marijuan, Fetia insistió en que «la dolarización de las tarifas es una decisión política del actual gobierno, que tiene como único objetivo beneficiar a las empresas concesionarias y no tiene en cuenta el interés de los consumidores y mucho menos del país. Los costos son clave para el desarrollo de un modelo basado en la productividad y en la calidad”, aclaró.
Wasiejko subrayó también las diferencias ente las políticas aplicadas aquí y en Estados Unidos, donde se logró una reducción del costo de producción de la energía superior al 35 por ciento promedio, que promovió un modelo de desarrollo productivo. “En la Argentina, en cambio, el gobierno de Mauricio Macri subsidia al Grupo Techint en Vaca Muerta, que provee el gas a un valor muy superior al costo de extracción, dándole a la empresa una rentabilidad excepcional”, denunció.
Por último, el dirigente anunció que la Federación reclamará la reapertura de las paritarias no solo por la inflación sino por «la incidencia de los servicios en los ingresos” de los trabajadores.
