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Los distintos colectivos feministas que actúan en la provincia se convocaron en la capital provincial y en otras localidades del interior, como Tilcara y Libertador Gral. San Martín para exigir al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, la remoción del ministro de Salud, Gustavo Bouhid.
El Movimiento de Mujeres de Jujuy, que es parte de la campaña nacional por el aborto seguro y gratuito, estuvo este jueves, en la peatonal Belgrano juntando firmas para exigir la renuncia del ministro de Salud y en las plazas de las localidades mencionadas.
Las organizaciones y colectivos feministas exigen que el funcionario sea removido de su cargo por no haber cumplido con la normativa vigente en el caso de la niña embarazada producto de una violación a la que se le practicó una cesárea tardía que culminó con la muerte de la criatura producto de ese parto quirúrgico.
La niña fue finalmente sometida a una cesárea el viernes 18, y cinco días después murió el recién nacido. En la convocatoria, las organizaciones advierten que con la demora y las prácticas médicas aplicadas a la niña embarazada pusieron en riesgo su salud, a la vez que violaron la intimidad de ella y su familia.
Lamia Debo, integrante “Pan y Rosas” del Frente de Izquierda, dijo que “tenemos compañeras que son abogadas profesionales que están haciendo el estudio correspondiente sobre el caso en términos legales y vamos a realizar una conferencia de prensa el lunes a las 10, en el gremio de docentes universitarios Adiunju. Nos parece que es importante ya que viene cobrando relevancia nacional”.
Respecto de cómo tomaron los pañuelos verdes el tema de que los pro vida reclamaran el cuerpo de la bebé para su velatorio, dijo, “la situación de la petición del cuerpo, a nosotros nos genera mucha indignación como se generó a nivel nacional, desde el punto de vista de que hay una cuestión de utilizar esto como un fetiche. Nos parece que está mal y que continúa avasallando sobre el cuerpo de la nena, sobre su vida y nosotras desde ya vamos a seguir peleando por sus derechos y de su familia, y porque no haya una intromisión en términos de creencia por sobre los derechos de salud que tiene la población”.
Teresa Jordán, de la colectiva «Ni una menos» de Tilcara señaló que “estamos realizando una serie de acciones por lo acontecido en los últimos días con una niña que solicitó la interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital Paterson de San Pedro».
Aseguró que “el gobierno no respeto el Código Penal de la Argentina, ni el fallo FAL que salió en el 2012, entendemos que de alguna manera ese derecho fue vulnerado. En primer lugar, porque los propios funcionarios salieron a la opinión pública con información, cuando los protocolos establecen que es confidencial. Y cuánto más grave cuando además lo que se vulneran son los derechos de una niña que también están garantizados por la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes».
Manifestó que «también cuestionamos la respuesta que dio el Gobierno, que fue una intervención vía cesárea garantizando o intentando la sobrevida del feto, porque creemos que si bien se hace referencia a cierto consentimiento que la familia habría dado, entendemos que se llega a él, después de varios días de dilaciones y desinformaciones».
