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La Secretaría de Trabajo y Relaciones Laborales de Jujuy realizó inspecciones laborales en el interior de la provincia y detectó a tres menores trabajando en una finca ubicada en el paraje Lobatón, departamento de San Pedro. Uno de ellos manipulaba agroquímicos y fertilizantes. No dieron información sobre los que los empleaban.
Durante un operativo de fiscalización e inspección laboral en quintas de cultivo, el cuerpo de profesionales, integrado por abogados y psicólogos e inspectores de la Dirección Provincial del Trabajo, constató en una finca privada la presencia de tres menores de 16, 12 y 8 años, de nacionalidad boliviana, con trámite de radicación en curso, ocupados como mano de obra.
El mayor, de 16 años, realizaba labores de peón y manejo de fertilizantes y agroquímicos, mientras que sus hermanos menores efectuaban tareas de semillado, con el consentimiento de los padres, por lo que la Autoridad Laboral procedió a la notificación e intimación a los progenitores a que se abstegan de continuar con esta situación mediante el requerimiento N° 00996, se labraron las Actas de Infracción por trabajo infantil correspondientes y se confeccionó el expediente del caso en la Dirección Provincial de Trabajo, informándose asimismo a la Fiscalía de Turno en lo Penal, para proseguir con el tramite pertinente.
Cabe recordar que en Argentina, el trabajo infantil es ilegal y que el aprovechamiento económico del trabajo de niños o niñas es un delito penal, pues la normativa nacional (Ley 26.390 “De prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente), prohíbe el trabajo de los niños y niñas por debajo de los 16 años, en tanto protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años.
La legislación que se encuentra en concordancia con convenios internacionales: el Convenio Nº 138 sobre edad mínima de admisión al empleo y el Convenio Nº 182 sobre peores formas del trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo.
Asimismo, en materia de derechos, la incorporación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño a la Constitución Nacional generó un nuevo modelo legal que apela a la responsabilidad del Estado, de la sociedad y de las familias para garantizar la protección integral de los derechos de la infancia.
