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Los centenares de miles de usuarios del servicio eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) damnificados por el enorme apagón del domingo 16, podrían tener que esperar muchos meses antes de obtener una respuesta por parte del ente regulador de la electricidad a sus reclamos.
Resulta que el corte de luz sucedió en medio del traspaso del control de las empresas distribuidoras Edesur y Edenor, responsables del suministro en el sur y en el norte del AMBA, respectivamente. Hasta ahora y por poco tiempo más, el órgano de control es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que además tiene facultades para monitorear el desempeño de las empresas de transporte eléctrico, del tipo de Transener, que está en el foco de las investigaciones oficiales del apagón.
Desde el 28 de febrero está en marcha un complejo proceso por el cual la Nación se retira del control que ejerce sobre Edesur y Edenor por medio del ENRE. Ese paso atrás está dictado, en realidad, por el plan de déficit 0 del gobierno nacional: al retirarse del control, la Nación también se despega de todas las responsabilidades económicas, como el costo de la tarifa social.
La Ciudad de Buenos Aires y la provincia homónima son las que reciben tanto el peso de la tarifa social como la responsabilidad del control de Edesur y Edenor, para lo cual deben constituir un nuevo ente regulador.
El artículo segundo del acuerdo de transferencia de jurisdicción señala que «La provincia y la CABA se comprometen a constituir un ente bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica».
El tema es que mientras avanza el traspaso, tanto en CABA como en la provincia, no hay noticias sobre la constitución del nuevo ente regulador. «Estamos en una situación más que complicada», le dijo a Tiempo Pedro Busetti, titular de DEUCO, una ONG de defensa de consumidores.
Para concretarse, el traspaso debe aprobarse por medio de una ley de la Capital y de un decreto en la provincia. La Legislatura porteña ya trató el tema la semana pasada. «A este ritmo, calculamos que la ley de traspaso será aprobada en julio», agregó Busetti.
Si para ese entonces La Plata también emite su decreto, el ENRE dejará de fiscalizar a las dos distribuidoras que atienden el AMBA sin que se haya constituido un órgano de control de reemplazo. «Van a pasar varios meses antes de que surja el nuevo ente regulador compartido por ciudad y provincia; ni siquiera están designadas sus autoridades», completó Busetti.
De hecho, el traspaso ya impacta en las decisiones de las empresas. Busetti detalló que las distribuidoras de electricidad están postergando a tres años el pago de resarcimientos en efectivo determinados por el ENRE, en nombre del acuerdo de traspaso. «El ENRE acepta esto», indicó.
Por ahora el ENRE sigue recibiendo las denuncias por el apagón del domingo pasado, pero no va a actuar hasta que se determine técnicamente qué pasó. Quizá cuando esto se sepa, el ENRE ya no controle y su reemplazante aún no exista.
Por Randy Stagnaro, en Tiempo
