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Los diputados Alberto Bernis y Jorge Rizzotti solicitaron al Tribunal de Cuenta de la Provincia, que el órgano de control remita información sobre la presentación de cuentas de inversión anuales en los últimos 12 años y sobre las actuaciones del Tribunal respecto a este incumplimiento de los deberes del Gobernador.
El pedido es ante la falta de presentación de las mismas, y sobre la interpretación que realizan de un artículo de la Ley de Presupuesto 2009, donde se redujo la obligación constitucional del Gobernador de dar cuenta de cómo se ejecutan los fondos en cada período.
La solicitud formal responde a la preocupación por el conocimiento de la falta de presentación de la cuenta de inversión anual desde 2002 a la fecha, lo que constituye una violación de la manda constitucional de explicarle a la sociedad qué hace el Gobernador con el presupuesto público y cómo lo pone en funcionamiento, para lo cual la Constitución de Jujuy impone, en su artículo 137, inc.9, la presentación de la cuenta de inversión.
El pedido se realizó esta vez ante el Tribunal –hubo presentación de pedidos de informes y proyectos de resolución durante los últimos años en la Legislatura- ya que la Constitución provincial en su artículo 200 también le atribuye a este máximo órgano de control la competencia de pronunciarse respecto de la presentación de cuentas, entre otras tareas que le corresponden respecto del control del patrimonio del Estado.
También el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal (ley 4.376), entre las potestades del Tribunal para ejercer su función de contralor, se menciona la de requerir con carácter ineludible la rendición de cuentas y fijar plazo decisivo de presentación a quienes tienen obligación de hacerlo e incumplen tal deber.
“Los intentos oficialistas de achicar la rendición de cuentas y de que pase desapercibida la falta de cumplimiento de la obligación que la Constitución le impone a la figura del Gobernador es otra parte del esquema que Fellner y sus funcionarios pretenden para Jujuy: una provincia donde no se controla ni se permite el control del uso de los fondos públicos”, describió Rizzotti.
Sin embargo, agregaron los diputados, “la Fiscalía del Superior Tribunal nos ha dado la razón respecto de la inconstitucionalidad de esa modificación, por lo que desde la UCR seguiremos instando y exigiendo cumplimientos y sanciones por incumplimientos para que no siga creciendo el mecanismo oscurantista que sostiene el gobierno actual sobre el dinero de la provincia”.
