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El Tribunal Criminal N° 3 condenó a 13 años de prisión a José Dávalos, culpable de la violación de una nena de 12 años que quedó embarazada producto de ese abuso. La abogada de la familia de la nena, Mariana Vargas, consideró que se trata de una condena ejemplar, y adelantó que avanzarán en una demanda contra el Estado provincial y los funcionarios que actuaron en ese momento por haber demorado la interrupción legal del embarazo a la que la niña tenía derecho.
El caso trascendió en enero de 2019. La expectativa respecto de este proceso judicial estaba puesta en cuál sería la pena, puesto que la violación ya había sido comprobada por análisis de ADN. Incluso durante las audiencias, Dávalos ni siquiera fingió arrepentimiento por lo que hizo, y el psicólogo que realizó la pericia afirmó que nunca vio un caso tan claro de riesgo de reincidencia.
«Gozó y sigue gozando de lo que hizo», describió Vargas; destacó que «ahora son 13 años en los que las niñas estarán a salvo de esta persona, y aclaró: «Pero es un caso nada más, porque solo en el Ramal se denuncia un caso de abuso por día; la situación es grave».
Los 13 años para Dávalos constituyen para la abogada una condena ejemplar, ya que en estos casos lo habitual son 8 años de condena. Desde la querella habían pedido esta pena, que es el máximo, mientras que el fiscal había solicitado 12 años. «Ojalá en los próximos casos se aplique el mismo criterio», reflexionó Vargas.
Este juicio oral permitió recuperar la historia que conmovió a Jujuy a principios de este año, cuando a esa niña el Estado le negó la interrupción legal de su embarazo mediante maniobras dilatorias que culminaron en una cesárea, una vida que resultó inviable y varios funcionarios del área de Salud denunciados penalmente.
«Estamos felices», dijo la abogada al salir de la sala de audiencias, y aclaró que ese es un sentimiento que queda reservado para abogades y para la militancia feminista. Porque para las víctimas, explicó, en estos juicios se remueve el dolor, así que no hay forma de que la familia sienta alegría.
«No es lo mismo con impunidad que con justicia, pero siempre es doloroso -comentó-. Ha marcado la vida de una niña, no solo en la psiquis sino en su panza, que le recuerda el abuso, le recuerda que lo tuvo adentro, no solo en el momento de la violación sino con el embarazo forzado».
Precisamente porque el Estado obligó a la niña a gestar y luego a ser madre a través de una cesárea, negándole la ILE a la que tenía derecho, es que Vargas avanzará ahora con una demanda civil contra funcionarios que actuaron durante aquellos días de enero, y contará con la actuación pericial de la médica Stella Manzano y el patrocinio de la Casa de la Mujer María Conti.
«A la niña se le negó el derecho al aborto que pidió desde el momento en que llegó al hospital; se la engañó y se le planteó que la única forma de no sufrir más era con una cesarea. Así, con engaños a la niña y a la madre, se garantizó que se realizara una cesárea y que esa niña fuera madre por unas horas», repasó la abogada.
La Relatoría Especial de la ONU contra la tortura dijo que es tortura forzar a parir a mujeres violadas, cuando se pone en riesgo su salud o cuando el feto es malformado. «No vamos a ser cómplices de tortura; vamos a denunciarlos y queremos que se condene al estado y se indemnice a la niña por lo que debió pasar», aseveró Vargas días atrás.
