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Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados hoy a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber abusado sexualmente a niños y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el ámbito del Instituto Próvolo. En tanto, el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 años de prisión.
Los religiosos Corbacho (59) y Corradi (83) y el jardinero Gómez (57) llegaron al juicio acusados de abusos de menores sordomudos e hipoacúsicos en centros educativos de La Plata y Mendoza gestionados por el Instituto Próvolo.
Corbacho había sido imputado por 16 hechos, mientras que a Corradi lo acusan por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene una decena de víctimas de entre 4 y 17 años de edad.
La sentencia se difundió a puertas cerradas por tratarse de delitos de acción privada, explicaron fuentes del tribunal a cargo del caso, formado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli.
Durante los alegatos, la Fiscalía pidió 45 años de prisión para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima de 50 años, y la defensora oficial solicitó la «nulidad de todas las acusaciones» o «la absolución de los acusados».
Los fiscales Alejandro Iturbide y Gustavo Stroppiana imputaron a Corbacho por 16 hechos, que incluyen «abusos sexuales agravados con y sin acceso carnal y corrupción de menores», y a Corradi por cinco hechos de «abuso sexual y corrupción de menores». En ambos casos las acusaciones están agravadas por el «carácter de ministro de culto y por ser los encargados de la guarda de los menores de 18 años».
En tanto, al jardinero Gómez, para quien la Fiscalía pidió 22 años y medio de prisión, se lo acusa de cuatro hechos de abusos sexuales.
Un debate extenso
El debate comenzó el 5 de agosto y demandó 49 jornadas. Se realizó a puertas cerradas, puesto que los delitos que allí se ventilaron son de instancia privada, y contó con la participación de intérpretes de lenguaje de señas.
Los exalumnos declararon a través de cámaras Gessell, algunas grabadas previamente y otras bajo la modalidad en vivo y en directo, con el acompañamiento del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (Edeaas).
Las declaraciones brindadas por los diez denunciantes dieron cuenta de «insinuaciones, obligación de ver material pornográfico y tocamientos hasta violaciones y ataques grupales», además de «encubrimiento de los vejámenes y todo tipo de maltratos sufridos durante años».
En tanto, psicólogos y psiquiatras que declararon ante el tribunal coincidieron en señalar que los testimonios de las víctimas son «coherentes y verosímiles».
Los casos de abuso en el Próvolo, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, salieron a la luz en noviembre de 2016, lo que llevó a la clausura del establecimiento.
El veredicto llegará un día antes de que se cumplan los plazos de las prisiones preventivas contra los imputados, que Corbacho y Gómez están cumpliendo en un penal, mientras que Corradi goza del beneficio de prisión domiciliaria.
En la investigación judicial, que se dividió en tres causas, hay una docena de acusados como «autores materiales, partícipes y encubridores» de distintos delitos sexuales.
Entre ellos está la monja japonesa Kosaka Kumiko, acusada de haber participado en vejámenes en el instituto, y otra causa que involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, entre otros directivos, por «omisión», investigaciones que se espera lleguen pronto a juicio.
Tras una audiencia preliminar en 2018, el exempleado del Próvolo, Jorge Bordón, fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado tras confesar la autoría de una decena de delitos.
Además de los abusos en el Próvolo de Mendoza, se están investigando hechos similares en la sede de La Plata, y anteriormente hubo denuncias en Verona, Italia, donde surgió la institución y también se apuntó al cura italiano Corradi, trasladado a la Argentina.
Maniobras dilatorias
Desde la primera audiencia la defensa de los acusados puso en juego la misma estrategia que aplicó durante el resto del proceso: los intentos de obstaculizar y demorar el ritmo de las audiencias.
La primera acción de esa jornada, por ejemplo, corrió por cuenta de la defensa de los imputados, que recusó al juez Mauricio Juan, integrante de la Sala. El tribunal rechazó el pedido por extemporáneo. “Es una tontera. Se lo rechazó porque (los abogados de la defensa) ya sabían de eso con anterioridad y convalidaron que (Juan) fuera juez”, explicó a este medio en esa oportunidad Sergio Salinas, secretario de litigio estratégico de la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (XUMEK) y abogado de las víctimas.
En esa audiencia, cuando se fueron identificando los imputados, Corbacho, de 59 años, aseguró que no había sido suspendido en el sacerdocio, lo que reveló una situación similar a aquella de que goza el cura Julio César Grassi, quien no fue relevado del sacerdocio luego de que se le dictara condena firme a 15 años por abuso sexual de niños. A Corbacho, a su turno, lo informaron sobre los 16 casos de abuso de niños hipoacúsicos por los que deberá responder.
Cuando le tocó el turno a Nicola Corradi -que ya gozaba de prisión domiciliaria debido a su edad-, la defensa pidió que se transcribiera en texto lo que se fuera leyendo en las audiencias porque el acusado, señaló, tiene dificultades para escuchar.
Durante esa audiencia, la defensa también solicitó que las víctimas declaren nuevamente. “No respetan las reglas y no les importa que se revictimice”, acusó el abogado de XUMEK, quien reiteró que las víctimas ya habían brindad testimonio en cámara Gesell, como estipulan las normas internacionales de Derechos Humanos para estos casos, para que las declaraciones pudieran ser consultadas durante el juicio y así evitar la revictimización.
Al día siguiente, el tribunal dictó un cuarto intermedio en el debate para que se realizaran nuevos peritajes psiquiátricos y psicológicos al acusado Gómez, a quien la defensa quiso hacer declarar como inimputable, algo que finalmente no sucedió. Las víctimas, en las jornadas que siguieron, no debieron reiterar sus relatos.
Página/12
